La lucha por el control de la Federación de Legisladores Municipales (FLM) provocó que el Tribunal Superior de Bayamón ordenara la suspensión de la elección de un nuevo presidente, y vicepresidentes, que debía ocurrir el domingo.

Ángel ‘Willie’ Sánchez, legislador municipal de Vega Alta y aspirante a la presidencia de la FLM, acudió al tribunal a principios de marzo con una petición de interdicto y sentencia declaratoria para impedir que la elección tuviera lugar por considerarla ‘orquestada’ para favorecer al actual presidente, Luis C. Maldonado Padilla.

‘En el día de hoy (domingo) se pretendía una asamblea de la Federación de Legisladores Municipales en el pueblo de Gurabo. La misma fue diseñada y orquestada por el presidente y su junta, en la que se creó un reglamento alterno imponiendo unos requisitos adicionales no contemplados en el reglamento matriz. Esto me obligó a solicitarle al tribunal de Bayamón un ‘injunction’ para un cese y desista de la asamblea, y que el tribunal emitió a nuestro favor’, explicó Sánchez.

De acuerdo con legislador municipal, el presidente de la FLM, con la asistencia de su junta directiva, había dispuesto nuevos requisitos para aquellos que aspiraran a la presidencia del organismo, específicamente el endoso de no menos de 125 de los 435 legisladores que el Partido Nuevo Progresista (PNP) tiene en las asambleas municipales a través de toda la isla. Para conseguir dichos endosos, los aspirantes, en este caso Sánchez disponían de apenas diez días.

Maldonado Padilla, quien tiene la potestad para designar a todos los componentes de la junta directiva (excepto los vicepresidentes), es candidato a la reelección.

‘Queremos dejarle saber a nuestros compañeros legisladores municipales que nosotros estamos buscando únicamente el que se celebre una asamblea como dicta el reglamento original de la Federación’, dijo Sánchez.

Por su parte, Héctor Díaz Vanga, abogado de Sánchez, señaló que el recurso legal interpuesto busca paralizar el proceso de la elección ‘toda vez que era uno ultra vires, sin ninguna autoridad de reglamento y sin contar con el aval de la matrícula de la Federación de Legisladores Municipales’. El abogado recordó además que la FLM es una corporación que recibe fondos públicos por virtud de la Ley 134 de 201, por lo que se crea un interés apremiante del estado por atender el caso.

En lo relacionado a la petición de sentencia declaratoria, Díaz Vanga explicó que se trata de que el tribunal se exprese sobre cuál debe ser el método que la FLM deberá utilizar en el futuro para que ‘esto no vuelva a ocurrir’.

Maldonado es legislador municipal por el PNP en el municipio de Guaynabo y, aunque es empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), trabaja en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) mediante un destaque administrativo.