Un proyecto que obligaría a las personas convictas de violar la Ley 54 de Violencia Domestica a tomar un programa de reeducación y readiestramiento para viabilizar su rehabilitación recibió el endoso de agencias y líderes feministas como una alternativa más para contrarrestar ese mal social y ante la realidad de que muchas de las personas convictas bajo el estatuto pocas veces cumplen cárcel.

María Dolores Fernós, exdirectora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, apoyó el Proyecto del Senado 806, al destacar defectos en la implementación de la Ley 54.

‘También tenemos que aceptar la realidad de que el 70% de las personas convictas por violencia doméstica no sirven ni un sólo día de cárcel. Y los programas de ayuda a las víctimas en ocasiones es una persona en un escritorio en un sótano’, dijo Fernós.

La propuesta enmienda a la Ley 54 hecha por la senadora Mari Tere González viene luego de que en el 2012 se reportaron aproximadamente 10,000 incidentes de violencia doméstica, de los cuales 21 culminaron con la muerte violenta de la víctima.

Ante esa realidad, las autoridades correspondientes expidieron aproximadamente 9,500 órdenes de protección, una alternativa judicial para ordenar el cese y desista del maltrato físico o emocional experimentado por la víctima, compuesto mayormente por mujeres entre las edades de 20 a 39 años de edad, quienes representan el 83% de las víctimas de violencia doméstica.

González aduce su propuesta al hecho de que hay muchos victimarios responsables de los referidos incidentes que son privados de su libertad, sin necesariamente ser expuestos a un plan de tratamiento específicamente dirigido a contrarrestar los episodios de violencia suscitados dentro de la relación de pareja.

La medida propone que el programa de tratamiento tenga una fase de seguimiento extensivo por un periodo de dos años.

Durante la discusión del proyecto, la Policía de Puerto Rico presentó una ponencia, presentada por la licenciada Yashira Ruiz, en donde se apoyó el proyecto pero se sugirió una enmienda en donde la persona convicta de violencia doméstica fuera responsable de pagar su propio tratamiento.

‘Dicha fase educativa debe ser pagada por el individuo, como una medida de responsabilidad fiscal,’ dijo la deponente.

No obstante, el senador Ramón Ruiz no pareció favorecer la sugerencia al destacar que el gobierno debe proveer los fondos para que la medida se pueda hacer realidad.

De otra parte, la Oficina de la Procuradora de la Mujer favoreció la medida por entender que los convictos deben de ser ayudados a superar su conducta delictiva pero recomendó los programas de reeducación de la Junta de Programas de Desvío del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

La secretaria del Departamento da la Familia, Idalia Colón Rondón, en comentarios escritos, dijo que su apoyo estaba supeditado a que se dirijan esfuerzos y recursos para viabilizar los trabajos de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, como entidad adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación para proveer dicho tratamiento.