En anticipo al trastoque del presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, y tras la degradación del credito de la Isla, la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) emitió una circular, entregada por una fuente a NotiCel ayer, en la que detalla las nuevas guías de austeridad que van a regir todos los aspectos del financiamiento de los tribunales del país.

Con fecha del 26 de febrero, la comunicación de la jueza administradora de Tribunales, Sonia Ivette Vélez Colón, dicta la nueva pauta sobre cómo se manejará el presupuesto de la Rama Judicial que llega automático porque, por ley, es el 4% del promedio de ingresos que registre el Estado en los dos años fiscales anteriores. Esa fórmula le significó $372.6 millones en el año presupuestario actual, y la ley que la habilitó dice que si en un año se registrará una baja de ingresos, el presupuesto de la Rama permanece al mismo nivel que el del año anterior a la reducción.

Este esquema de fórmula, igual que el que financia la Universidad de Puerto Rico (UPR) es uno de los temas espinosos en el presupuesto de 2014-2015 que se supone sea balanceado y que contenga una mezcla de ingresos nuevos y recortes que ayuden a tapar una deficiencia de unos $1,500 millones que el mismo Gobierno ha precisado a los bonistas.

Asumiendo que, en el mejor de los casos, su presupuesto no tendrá aumento en los próximos años, Vélez detallo medidas que incluyen: congelación de los puestos vacantes, reducir la acumulación y pago de horas extras, evaluar el pago del exceso de días por enfermedad, limitar los contratos a un año, renegociar las tarifas en los contratos que sean renovados, dar los cursos para los jueces en línea en vez de con instructores de cuerpo presente, limitar los cursos a las materias importantes, reducir ‘al mínimo indispensable’ la compra de piscolabis para actividades y optar por ‘menús más sobrios’, evitar las compras de ‘artículos deseables, pero no esenciales’, reducir el consumo de agua y luz, moratoria en los viajes oficiales a menos que se financien con fondos federales o becas, y ‘fortalecer’ el cobro de aranceles, tarea cuya responsabilidad imponen a los jueces para que la ejerzan en los casos que manejen.

El detalle de las directrices está contenido en el Memorando 147 sobre ‘medidas de control presupuestario y reducción de gastos’.

Memorando Número 147 de la OAT sobre control de gastos – NotiCel_5826