Para abarrotar el alto costo de mantenimiento incurrido en tener una flota de cientos de vehículos para uso oficial de jefes y personal de confianza en las agencias y corporaciones públicas, el representante Ricardo Llerandi Cruz, radicó una medida que busca limitar su uso a uno por dependencia.

Se trata del Proyecto de la Cámara 833, que establece que solamente se podrá asignar los servicios de un automóvil oficial por agencia, sin incluir vehículos necesarios para el funcionamiento regular de la misma.

‘Con esta iniciativa se eliminarán las flotas vehiculares en las dependencias regionales y los vehículos oficiales para personal ejecutivo, gerencial, o personal de confianza. El uso del vehículo oficial de la agencia, será determinado exclusivamente por el secretario, jefe, director ejecutivo o autoridad ejecutiva máxima de cada agencia. Esto representara ahorros millonarios para el pueblo de Puerto Rico y va en consonó con una verdadera reforma de la Rama Ejecutiva, algo que venimos impulsando desde que llegamos a la Legislatura’, expresó el legislador en un comunicado.

El representante penepé indicó que según información disponible, el costo de mantener una flota de vehículos oficiales para el uso de personal de confianza asciende a sobre $50 millones anuales.

Detalló que la pieza legislativa no será aplicable a vehículos de la Policía de Puerto Rico, Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Cuerpo de Bomberos, Departamento de Transportación y Obras Públicas, Departamento de Corrección, Departamento de la Familia, Administración para el Manejo de Emergencias Estatales, Cuerpo de Emergencias Médicas, en lo que respecta a vehículos tales como patrullas, ambulancias, camiones, y otros necesarios para la protección y servicios que prestan las agencias.

Según Llerandi Cruz, además del alto costo de mantener mecánicamente viable todo un regimiento de autos y guaguas oficiales, hay que sumarle los gastos asociados a la gasolina y sistema de rastreo por satélite que actualmente la administración se encuentra implementando en sus vehículos.

El proyecto además desarrolla un nuevo enfoque al gasto público mediante el establecimiento de la Ley de disciplina fiscal de las agencias públicas del gobierno de Puerto Rico.