Contario al gobernador Alejandro García Padilla, quien reaccionó conforme porque ‘El Tribunal Supremo de Puerto Rico ratificó la constitucionalidad de la Ley 162 de Reforma al Sistema de Retiro de la Judicatura‘, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, se expresó indignado porque el tribunal debió haber aceptado que la reforma aplicara de manera retroactiva.

‘En este momento histórico, nuestro País necesita más puertorriqueños y puertorriqueñas que quieran poner su grano de arena para ayudar y menos gente que sólo vele por lo suyo. Las actitudes de fincas privadas son las que han deteriorado a Puerto Rico. Los sacrificios que hay que hacer para tener un mejor Puerto Rico no sólo le corresponden a las Ramas Legislativa y Ejecutiva, también le corresponden a la Rama Judicial’, expresó Bhatia en declaraciones escritas.

De manera similar reaccionó el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló. ‘Respeto profundamente la decisión unánime del Tribunal Supremo que declara la constitucionalidad de la Ley 162, aspecto sobre el que estaba profundamente convencido. No obstante, difiero del Tribunal Supremo, y reafirmo que las enmiendas realizadas por la Asamblea Legislativa son claras y válidas y no adolecen de lagunas o inconsistencias. La aplicación retroactiva de estas enmiendas sólo pretendía hacer cambios necesarios al actual Sistema de Retiro de la Judicatura, el cual, al igual que otros sistemas, necesitaba reformas sustantivas. Los cambios que propusimos no sólo debían aplicar de manera prospectiva a nuevos jueces que entraran al sistema, sino a los jueces actuales. Los tiempos requieren sacrificios de todos’.

Mientras, el Gobernador pasó la página aduciendo que, ‘Esta, junto a las reformas legisladas para el Sistema de Retiro de Empleados Públicos y la del Sistema de Maestros son piezas claves en nuestro plan para atender la crisis fiscal en la que nos dejaron el país. Nos encontramos en un momento histórico que requiere que todos trabajemos en conjunto para sacar a Puerto Rico hacía adelante. Ahora, debemos continuar enfocados en lograr los demás cambios que son necesarios para enderezar las finanzas públicas y lograr un crecimiento económico sostenible. Este es un paso más en nuestro camino para reconstruir a Puerto Rico y estoy convencido de que juntos lo lograremos.’

De otro lado, la Asociación de Abogados expresó que la decisión emitida por el tribunal valida la importancia de cuidar la independencia judicial y que fue sabia.

‘Como funcionarios de la Rama Judicial, los abogados y abogadas, deben respaldar a sus jueces en la encomiable tarea de defender la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos de América. Ante esto, somos del criterio que la independencia judicial prevaleció intacta en honor a nuestros jueces y juezas de la Rama Judicial’, manifesto la Asociación en comunicado.

Por su parte, la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ) acogió la decisión que estableció, bajo los términos de interpretación judicial para evitar decretar la inconstitucionalidad de una ley, que no hubo evidencia de que fuera la intención del legislador hacer la reforma con carácter retroactivo.

‘La decisión del Tribunal Supremo hecha pública hoy reconoce que la naturaleza del sistema de retiro de la rama judicial es de rango constitucional. La decisión hace valer la independencia judicial y reconoce lo establecido en la Sección 11, de que los sueldos de los jueces, del Gobernador, Secretarios de Gobierno, Legisladores y del Contralor se fijan por ley y no pueden disminuirse durante el termino de vigencia de los cargos’, expresó la juez que preside la APJ, Elizabeth Linares.

La APJ considera que se les ha garantizado a los ciudadanos que los Jueces no están sujetos a ningún tipo de vaivén ni influencias para que ejerzan sus decisiones en cada caso imparcial y libremente.

La Reforma, según validada, crea dos tipos de pensión aplicables a dos grupos de jueces. Por un lado, los jueces nombrados a partir del 1 de julio de 2014 participarán de un Programa Híbrido. En este, se aumenta la aportación individual de 8 a 12 por ciento y se sustituye la pensión de 75 por ciento por una anualidad vitalicia reducida. También se aumenta la edad mínima de retiro de 60 a 65 años y se requerirá servir como juez por un mínimo de 12 años. Ya no se les acreditarán otros servicios prestados al Gobierno y no recibirán el bono de verano, el bono de medicamentos y el aguinaldo de navidad. Además, se eliminan la pensión de la viuda y otros beneficios.

Además, los jueces nombrados entre el 24 de diciembre de 2013 y el 30 de junio de 2014 harán una aportación individual aumentada de un 10 por ciento, recibirán una pensión reducida a un máximo de 60 por ciento del sueldo más alto devengado como juez y no tendrán derecho a los bonos otorgados mediante legislación especial.

Al presente, el sistema judicial de Puerto Rico solo cuenta con 352 jueces activos.