El secretario del Departamento de Justicia (DJ), Cesar R. Miranda, le salió al paso el miercoles a la Diócesis de Arecibo por haber presentado un recurso legal ante el Tribunal de San Juan para evitar ofrecer más información sobre los casos de abuso sexual en dicha región eclesiástica.

‘Esta acción de la representación legal de la Diócesis de Arecibo, contradice el anuncio que hicieron al país de que cooperarían plenamente con la investigación que realiza el Departamento de Justicia’, dijo Miranda en un comunicado de prensa.

La movida de la Diócesis de Arecibo se da luego de que la Fiscalía de Arecibo insistiera en requerir la identidad de las víctimas.

El secretario agregó que ha dado instrucciones a los abogados de la división de Recursos Extraordinarios para que se opongan al recurso presentado por la Iglesia deAreciboa la vez que respaldó la continuación de la pesquisa que conducen fiscales del Departamento en conjunto con oficiales de la policía.

‘Creo en una política de cero tolerancia frente al abuso sexual infantil, independientemente de quien sea el agresor. Como he anunciado al país, vamos a agotar todos los recursos al alcance del Departamento de Justicia para encausar criminalmente a toda persona que cometa cualquier tipo de delito de abuso sexual contra menores de edad. Nadie está por encima de la ley y procederemos con el mayor rigor en todo caso de abuso a menores’, concluyó Miranda.

Según explicó el abogado de la defensa,Frank Torres Viada, el Obispado se vio en la necesidad de recurrir a los Tribunales con el fin de proteger el interés y el reclamo de confidencialidad que la Iglesia garantizó a los querellantes y testigos de sus investigaciones internas, las que culminaron en la expulsión de seis sacerdotes en Arecibo.

‘Cuando una persona acude a la Iglesia a querellarse contra un Sacerdote, lo hace buscando un remedio dentro de la confidencialidad para evitar que se exponga públicamente su identidad y los pormenores de su caso. Para esto, la Iglesia cuenta con cánones y protocolos estrictos, cuyos objetivos primarios son proteger esos reclamos legítimos de confidencialidad. La mayoría de las víctimas no han querido exponer sus casos ante las autoridades estatales. Si la Iglesia incumple los acuerdos de confidencialidad, estaría desalentando a futuros querellantes y violentando sus propios cánones’, explicó Torres Viada en un comunicado de prensa.

Este añadió que la información provista la semana pasada por el Obispado, como muestra de su clara disposición a compartir información con las autoridades, es suficiente para que la fiscalía realice su investigación sin necesidad de obligar a la diócesis a revelar la información que bajo carácter de confidencialidad los querellantes suplieron a la Iglesia.

‘Hay que recordar que aquí los querellantes son adultos y presentaron sus denuncias a la diócesis siendo ya adultos. A pesar de ello, desde su nombramiento, hace tres años, el obispo Daniel Fernández Torres ha promovido que las víctimas adultas se sientan en la comodidad de querellarse ante las autoridades civiles. Mientras que en el caso de los menores, el Obispado procede a instruir a los padres o tutores de su obligación de presentar la denuncia ante las autoridades estatales. En caso de que estos no lo hagan, la Iglesia presenta la denuncia correspondiente. Además, como parte del proceso, por primera vez se expusieron públicamente los nombres de los sacerdotes expulsados’, declaró el licenciado.

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