La Diócesis de Arecibo y el Departamento de Justicia se enfrentarán el próximo 21 de este mes en la sala del juez superior de San Juan, Ángel Pagán Ocasio, quien atenderá el recurso extraordinario presentado por el obispo Daniel Fernández Torres para que no se le obligue a divulgar el nombre de las víctimas de seis sacerdotes pederastas.

El licenciado Frank Torres Viada explicó a NotiCel que el recurso de interdicto y sentencia declaratoria se presentó en San Juan y no en Arecibo porque el demandado en este proceso civil es el secretario de Justicia designado, Cesar Miranda.

De paso, Torres Viada criticó las expresiones del Secretario de Justicia, quien reiteró ayer su política de ‘cero tolerancia’ hacia los sacerdotes pederastas.

El recurso extraordinario busca que el tribunal declare ‘inconstitucional’ por diferentes razones el requerimiento de información que emitió Justicia contra la Diócesis de Arecibo y que ordene un cese y desista contra el fiscal del Distrito de Arecibo, Wilson González, ‘en su pretensión de obtener nombres, direcciones y detalles de las víctimas’.

NC: Se puede entender su interés en proteger la identidad de las víctimas, pero, a su vez, ustedes no sienten ningún tipo de responsabilidad de estar encubriendo un crimen?

‘No. En primer término es muy difícil sostener con seriedad acusaciones de encubrimiento en contra de la iglesia en este caso porque contrario a lo que ha sido la lamentable práctica tradicional de la iglesia de atender, tal vez tímidamente los casos de abuso sexual, el Obispo de Arecibo ha sido enérgico y vigoroso en tramitar las querellas de las víctimas de abuso sexual en su Diócesis’, sostuvo Torres Viada en entrevista con NotiCel.

El licenciado aseguró que las acciones del Obispo arecibeño deberían ser emuladas por otras Diócesis del país porque Fernández Torres ‘procesó por delitos canónicos a estos sacerdotes, salieron convictos en los procesos eclesiásticos y fueron expulsados de la iglesia’.

‘Pero más allá de eso, la posición que ha asumido el Secretario de Justicia y las expresiones recientes que ha hecho son incorrectas y lo que son es tendente a desviar la atención de lo que realmente trata este caso’, sostuvo.

Torres Viada afirmó que con la información provista a la fiscalía de Arecibo el estado puede llevar a cabo la investigación criminal correspondientes contra los agresores.

Precisó que se le proveyó la identidad de los seis sacerdotes pederastas y las últimas direcciones que tenían de éstos al momento en que fueron expulsados.

‘Se le produjo información certificada bajo juramento canónico acreditando toda una serie de información adicional, que es información relevante y pertinente para que las autoridades de ley y orden puedan encausar de manera efectiva y adecuada un proceso de investigación criminal’, afirmó.

Torres Viada indicó que la Diócesis de Arecibo tiene que proteger la identidad de las víctimas, que ahora son adultos, y cuando decidieron ir por el proceso canónico lo hicieron bajo ‘una petición expresa de confidencialidad’.

Señaló que entre las víctimas hay personas de más de 50 años de edad que ya son abuelos ‘y esas personas tienen un derecho a mantener su intimidad y su dignidad y de no ser expuestas a un circo mediático y no tener que revelar hechos que son denigrantes y que son tormentosos en sí mismos’.

‘Por eso la iglesia está acudiendo al tribunal, para que sea el tribunal quien determine qué información se puede divulgar y qué información debe permanecer confidencial. Y yo creo que, siendo esa nuestra posición, es muy difícil sostener con seriedad, como ha hecho el Secretario de Justica, que la iglesia pretende estar por encima de la ley’, sentenció el letrado.

Por último, el arzobispo de San Juan salió al paso para reaccionar a la situación legal de la Diócesis de Arecibo. En declaraciones escritas, monseñor Roberto González Nieves, aseguró que la Iglesia también apoya una política de cero tolerancia sobre el abuso sexual, pero destacó el sacramento de confesión como prioridad para determinar si se coopera con la divulgación de información a las autoridades.

‘Creo que la Iglesia Católica puede ser una gran aliada del Estado para prevenir el abuso sexual de menores mediante la educación católica y la evangelización, cumpliendo con el deber de informar cuando se tenga sospecha o conocimiento de la ocurrencia de abuso sexual contra menores. Claro, todo lo anterior, sin perjuicio de la confesión sacramental’, expresó González Nieves.