El Comite de Diálogo sobre el Sistema Retiro de los Maestros (SRM) presentó el jueves un documento con unas 14 propuestas para atender la insuficiencia del sistema de pensiones, pero sin el compromiso de los representantes del gobierno para que las mismas sean viabilizadas.

Las propuestas incluyen un total de $95 millones en recortes y aportaciones ya dispuestas en la Ley 160, el estatuto que reforma al sistema de pensiones que está paralizado. Además, se propuso un impuesto de 15% a los premios de juego de azar, un impuesto de $5 de estadía en hoteles así como promover la medida cameral 916 que tiene que ver con las máquinas de entretenimiento para adultos.

Otras propuestas incluyen identificar la deudas del gobierno con el sistema de retiro de maestros, cambios en la base del cálculo de deuda actuarial para que el mismo sea de 30 años de servicio, una moratoria de 3 años en la concesión de préstamos, aumentar a 20% el recorte de gastos al sistema de pensiones del magisterio e incluir en el sistema a unos 11,000 maestros que trabajan en escuelas privadas. Las medidas, según el documento, generarían unos $450 millones y podrían atender la insuficiencia operacional del sistema de retiro de maestros de $322 millones anuales.

El Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Vance Thomas, quien habló también a nombre del Secretario de Estado, David Bernier, dejó claro que con sus firmas en el documento daban fe de que las propuestas esbozadas en el documento fue a lo que se llegó en consenso por el comité, pero que no representaban su apoyo a las mismas ya que tienen que pasar por el cedazo de la rama ejecutiva.

‘Nosotros lo que vamos a hacer es canalizar las propuestas porque necesitan un análisis técnico y actuarial más profundo’, dijo Thomas.

El documento, firmado por los 14 miembros del comité, establece que ‘entendemos que los recaudos que se contemplan en esta propuesta podrían viabilizar una pensión equivalente al 75% del sueldo promedio del maestro’, explicó el Secretario.

Los comentarios de los representantes del sector gubernamental no parecieron complacer a la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Diaz, ni a la presidenta de Educamos, Eva Ayala.

‘Lo que está aquí fue lo que se acordó. Yo estoy dando mi versión’, dijo Díaz.

Ayala pidió que las firmas de los allí presentsn se tradujeran en compromiso, tras destacar que el comité es una segunda oportunidad a que el gobierno no se convierta en el verdugo del magisterio. ‘Estas firmas no son notariales’, afirmó la líder magisterial.

Por su parte, el Arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, salió en defensa de Thomas al decir que durante todo el proceso de conversaciones, el funcionario ha sido consistente en su postura de que las medidas deben ser evaluadas por el ejecutivo.

De otro lado, Díaz dijo que el proceso del comité de diálogo es separado de la demanda en los tribunales para impugnar la constitucionalidad de la Ley 160, e insistió en que los maestros desean que esa ley se derogue. ‘A esta hora, hay maestros haciendo vigilia en el Tribunal Supremo’, recordó.

Mientras, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, se comprometió a que las propuestas sean enviadas a la Legislatura.

El Comité de Diálogo fue compuesto por los lideres magisteriales Aida Díaz, Eva Ayala, María Elena Lara, Emilio Nieves, Domingo Madera, Justina Ocasio; los secretarios de Estado y del Trabajo, David Bernier y Vance Thomas; los religiosos Roberto Octavio González Nieves, arzobispo de San Juan, y el reverendo Ángel Luis Rivera de la Coalición Ecuménica; los alcaldes de Toa Baja y San Juan, Aníbal Vega Borges y Carmen Yulín Cruz, y el abogado laboral, Alejandro Torres Rivera.