Ante la degradación crediticia de Puerto Rico a nivel chatarra, los economistas coinciden que el gobierno tiene que establecer nuevas prioridades al elaborar un plan financiero que reforme a fondo tanto sus ingresos como sus gastos, en particular los altos salarios de los funcionarios y los contratos innecesarios que se han mantenido intocables por decadas. Tambien pidieron evaluar los programas no esenciales que se pueden recortar.

Pese a que el gobernador Alejandro García Padilla aseguró que no despedirá empleados públicos y que evitará aumentar el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), los economistas entrevistados vieron improbable que se cumpla esta promesa debido al juego en el que deberá entrar el gobierno para demostrar que tienen capacidad de pago ante las casas evaluadoras de crédito.

No obstante, el despido de empleados agravaría la crisis económica, en la opinión de la economista Martha Quiñones.

Por su parte, la economista Heidi Calero,advirtió que a corto plazo los puertorriqueños podrían experimentar una reducción en los servicios públicos ya que el gobierno necesita pagar cerca de $940 millones en pagos acelerados.

Otras medidas que tendría el gobierno a la mano son, según Quiñones, la reducción de gastos innecesarios, el recorte salarial de los altos funcionarios, así como la estabilización del costo de energía eléctrica y del agua para atraer inversionistas, que pudieran distanciarseante el panorama de incertidumbre fiscal.

‘Hay dónde cortar, pero políticamente no lo van a hacer porque son los contratos que le dan a su gente’, opinó.

El economista Sergio Marxuach, del Centro para la Nueva Economía (CNE), destacó que el gobierno tendrá que evaluar cuáles funciones no son esenciales dentro del gobierno para recortar programas u otorgar licencias mandatorias sin sueldo.

Ante la necesidad de mayor transparencia en el manejo de los fondos para evitar desfalcos millonarios, como la deuda de $70 mil millones que acarrea el gobierno, Marxuach sugirió el establecimiento de una junta de control financiero compuesta por ciudadanos privados y oficiales del gobierno para centralizar el manejo de las finanzas desde una sola entidad.

Asegurar la solvencia gubernamental es otra de las prioridades que tiene el gobierno, según indicó la Secretaria de Hacienda, Melba Acosta, quien anunció esta mañana que se está negociando la salida al mercado de bonos durante este mes, así como la negociación de planes de recaudo más cómodos.

Quiñones cuestionó, sin embargo, la decisión de salir al mercado de bonos en momentos en que se anticipa un incremento en los intereses, lo que equivale a que el gobierno va a estar recibiendo menos y pagando más. ‘Entiendo que no deben coger préstamo por ahora porque le va a salir más caro, se van a endeudar más’, analizó la economista.

Quiñones coincidió en que la paralización de la Reforma del Sistema de Retiro de los Maestros en el Tribunal Supremo es uno de los factores que llevó a la degradación del crédito, porque es una promesa que le hizo el Gobierno a las casas evaluadoras de crédito que no se está cumpliendo.

Sin embargo, criticó que la reforma haya sido implementada tras las recomendaciones de los contratistas del gobierno en Estados Unidos, en lugar de haberlo discutido con el pueblo para evaluar otras alternativas más sensibles a la crisis fiscal.

*Eva Laureano contribuyó en esta historia.