El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), William Ramírez, le recordó el viernes a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, que en Puerto Rico rigen dos constituciones que garantizan derechos a los ciudadanos y que le toca ‘acatar y respetar’ las mismas como a cualquier hijo de vecino.

El mismo viernes fueron declarados inconstitucionales los puntos de cateo impulsados por el Municipio de San Juan como medida de seguridad para entrar a las Fiestas de la Calle San Sebastián retados por la ACLU.

Ramírez reaccionó al ataque indirecto que Cruz Soto le propinara a raíz de la victoria judicial inicial de la ACLU que el jueves dio al traste con los puntos de cotejo que la funcionaria estableció con la emisión de un interdicto provisional por parte del Tribunal de San Juan. Tras la derrota, la alcaldesa responsabilizó a los tribunales de cualquier desgracia que ocurra durante el evento que inició el jueves y que continúa hasta el domingo.

‘No quiero reaccionar a ese comentario. Sólo diré que en esta sociedad hay dos constituciones que contienen derechos civiles fundamentales. Se supone que loacatey respete’, dijo Ramírez.

El viernes en la tarde la jueza superior Giselle Romero emitió el interdicto permanente para suspender en definitiva los registros, declarándolos inconstitucionales.

La ACLU junto a dos demandantes habían solicitado que se paralizaran los registros en los puntos de cotejo alegando que los mismos violentaban el derecho de los ciudadanos contra registros irrazonables, el derecho a la intimidad, y la libertad de expresión.

Ramírez detalló que contrario a lo que se había reportado, laACLUy la alcaldesa llegaron a acuerdos sobre las medidas de seguridad, pero en la tarde Cruz Soto seretractóde las mismas. ‘Eso a la jueza no le gustó’, aseguró el director.

Es entonces cuando lajuezase molestó no sólo por la falta del acuerdo, sino porque también el municipio no tenía un protocolo de seguridad, por lo que decidió emitir el interdicto provisional para detener los registros.

Entre los acuerdos, Ramírez explicó que la organización y el municipio coincidieron en algún momento en que se registrara usando las paletas electrónicas. ‘Si el wand sonaba entonces se le daba un papel con una advertencia de que si traía alguno objeto prohibido a la fiesta y lo sacaba sería intervenido’, dijo.

Según Ramírez, cuando se reunieron el miércoles con la alcaldesa y sus abogados, no tenían el protocolo. ‘Lo redactaron el mismo (jueves) por la mañana y lo que trajeron fue todavía más violatorio de los derechos’, sostuvo Ramírez. A modo de ejemplo, dijo que el protocolo decía que a los residentes del casco ni a sus acompañantes se les iba a registrar.

Entretanto, la juez también observó que la ciudad tenía un ‘fast pass’ para que las personas entraran más rápido al casco luego del registro sin tomar medidas similares para acomodar a personas con impedimentos o mujeres embarazadas.

De otra parte, Ramírez evitó enjuiciar las medidas se seguridad que ha implantado la alcaldesa de Ponce, María ‘Mayita’ Meléndez, durante las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria. Durante el evento deportivo se establecen puntos de cotejo donde las personas abren sus bolsos y pasan por detectores de metales.

Sin embargo, Ramírez aclaró que si alguien le hace la petición, la ACLU evaluará las medidas de seguridad de Ponce.

Por último, NotiCel supo que los empleados de la compañía de seguridad Dynamic Consulting Group, quienes realizarían los registros, sirven ahora de apoyo a la Policía.

Según información obtenida por este diario digital a través de la Oficina del Contralor, el municipio tiene dos contratos vigentes con Dynamic para ofrecer vigilancia por $25,000 y otro por $160,009.

Se intentó obtener más información sobre los costos en que incurrió el municipio para la colocación de verjas que más tarde fueron removidas, pero las gestiones fueron infructuosas.

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