Bajo el alegato de que pertenece a la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, la jueza superior Gloria Maynard Salgado se inhibió el lunes de atender la demanda incoada por dicho grupo que busca que se declare inconstitucional la Ley de Retiro.

Tras la determinación de Maynard Salgado, la jueza administradora del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Isabel Llompart, reasignó el caso al juez Ángel Pagán Ocasio, quien ya tiene en su sala el recurso radicado por el juez del Apelativo, Germán Brau.

El caso debe llegar al Tribunal Supremo donde la jueza Elizabeth Linares, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, espera que los jueces del alto foro decidan a favor de su reclamo.

‘Él (presidente del Tribunal Supremo) está hablando lo que nosotros estamos diciendo, interpretando el derecho. Pero él no es el único. Allí hay otros ocho compañeros jueces que van a tener que evaluar los méritos de nuestra reclamación. Y si se decide que es constitucional?… Espero que ellos hagan su ejercicio y espero que el resultado sea favorable a lo que estamos proponiendo’, dijo Linares en entrevista radial (Radio Isla) en relación a las expresiones del juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton.

El recurso radicado por la Asociación, a través del licenciado Manolo Martínez Umpierre, solicita que se declare inconstitucional la ley aprobada el 24 de diciembre bajo el alegato, entre otros, de que el aumento en la aportación al Sistema de Retiro equivale a una reducción en el salario de los jueces y que la misma constituye una privación de los derechos adquiridos.

‘Los jueces en funciones al momento de la firma de la ley impugnada, resultan de inmediato perjudicados en los derechos que tenían garantizados bajo la Ley 12. Resultan afectados al tener que hacer una aportación mayor al Sistema de Retiro, lo que equivale a una merma en sus ingresos. Este es un daño claro, patente, inmediato y actual, ya que la ley impugnada, tiene vigencia inmediata, de manera que el próximo cheque todos los jueces del sistema verán disminuido su pago’, indica parte del escrito con el cual también presentaron un recurso de certificación para que el foro de primera instancia determine si el caso debe ser llevado directamente al Tribunal Supremo.

La demanda invoca la sección 10 del artículo seis de la Constitución que establece que ‘ninguna ley prorrogará el término de un funcionario público ni disminuirá su sueldo o emolumentos después de su elección o nombramiento’.

Los miembros de la Asociación decidieron la mañana del sábado en una Asamblea Extraordinaria, someter el recurso para intentar frenar la reforma.

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