Dos figuras claves de la presente administración de Alejandro García Padilla renunciaron a sus puestos dejando en un limbo la investigación que se sigue sobre el asesinato del niño Lorenzo González Cacho, que en marzo cumple cuatro años sin que se haya procesado a nadie, pese a que hay cuatro sospechosos señalados.

Ambos llegaron a sus puestos afirmando que el caso del menor era una prioridad para ellos y ambos salieron del gabinete sin lograr que se radicaran acusaciones criminales. Se trata del secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, y del superintendente Hector Pesquera, quien permaneció al frente de la fuerza con el cambio de gobierno hasta que finalmente renunció en el último trimestre del este año.

Al parecer, el caso está embrujado pues han sido varios los secretarios de Justicia y jefes policíacos que han estado al frente de esas dos agencias sin poder llevarlo a feliz termino y procesar a los responsables del asesinato.

La dimisión de Sánchez Betances, efectiva el último día de este año, deja un mal sabor, pues el propio funcionario dijo a NotiCel el 12 de agosto que el caso estaría esclarecido en un periodo de 30 a 45 días.

Luego, Sánchez Betances indicó que ese término se afectó por el cierre de dos semanas que tuvo el gobierno federal, lo que retrasó la entrevista que se le hizo a la madre del menor y sospechosa del crimen, Ana Cacho, con un poligrafista del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Cacho se realizó la entrevista con el poligrafista del FBI a mediados de noviembre y desde entonces no se ha sabido nada más relacionados al caso.

Tras la comparecencia de Cacho a la entrevista, Sánchez Betances concedió una nueva entrevista a NotiCel, el 28 de noviembre, en la que prefirió guardar silencio porque según indicó: ‘estamos en una etapa crítica’. ‘Estamos en un proceso bien importante. Estamos haciéndolo todo y vamos pa’ lante’, afirmó. Pero, desde entonces, no se ha vuelto mencionar nada relacionado al caso.

Otro que dejó su cargo sin lograr que el caso se acelerara fue el exsuperintendente de la Policía, Héctor Pesquera, quien durante su incumbencia contrató a dos investigadores especiales que vinieron de Estados Unidos a revisar la pesquisa e hicieron unas recomendaciones de hacia dónde debía dirigirse la investigación criminal, pero el exfuncionario nunca las divulgó.

Pesquera fue uno de los que en agosto señaló a NotiCel que ‘no se ha tirado la toalla’ en el caso del vil asesinato, pero también se fue sin que se realizaran las acusaciones correspondientes.

Justicia mantiene como sospechosos del crimen a Cacho, y sus tres amigos Jesús Genaro Camacho, Arnaldo Colón y el agente federal de Inmigración, William Marrero.

Contra Cacho no se ha radicado el delito por negligencia, que prescribe en marzo de 2015, confirmó Sánchez Betances.

Para los familiares paternos de Lorenzo las renuncias de ambos funcionarios son otro golpe a la pesquisa, puesto que cada vez que llega un nuevo funcionario trae consigo un nuevo libreto de cómo atender casos de alto perfil.

‘Siempre que llegan personas nuevas vienen con muchos planes y yo me imagino que un caso como este siempre es ‘top priority’, pero parece que le meten mano y yo no sé que decir porque llegan con muchos bríos y de repente le ponen pausa. O no se atreven a radicarlo o alguien lo está tocando. Honestamente, yo no sé qué es lo que pasa’, dijo con cierta desanimo el licenciado Carlos Sánchez, quien es primo del padre de Lorenzo, Ahmed Alí González.

La representación legal de Cacho no contestó llamadas para una reacción.

El niño fue asesinado en marzo de 2010 en la casa de Cacho en Dorado del Mar y nadie ha sido acusado por el crimen.