La Fortaleza y la Policía estrenaron hoy excusas e interpretaciones acomodaticias para seguir encubriendo la totalidad del informe que la Policía preparó en torno a la intervención del saliente secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, con agentes que arrestaron a su exsocio, Jaime Sifre, por guiar en estado de embriaguez.

Las nuevas razones van en contra de la doctrina legal del Tribunal Supremo de que todo documento generado, recibido, o custodiado por el Gobierno se presume que es de naturaleza pública.

Después de que ayer el gobernador Alejandro García Padilla dijera secamente que el informe se mantendría confidencial, lo cual fue de inmediato criticado unánimemente por la opinión pública, hoy la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, el secretario de prensa, Jesús Manuel Ortiz, y el superintendente James Tuller emitieron expresiones por separado para seguir justificando el encubrimiento del informe.

Tras la ola de rechazo, Vila y Ortiz estrenaron esta mañana la excusa de que el informe de la Policía se publicaría cuando acabe el proceso legal contra Sifre, quien anticipó que el próximo miércoles 18 se declararía culpable de guiar ebrio. La nueva excusa contrasta con la realidad de que cualquier persona que tenga un número de querella puede obtener copia de la misma, esté o no relacionado con el incidente.

‘[E]se informe contiene también como anejos, informes que se prepararon como parte del proceso y que preparó la Policía. Esos informes hasta que el proceso del licenciado Sifre no culmine, no se deben hacer públicos porque no queremos y no debemos afectar ese proceso. Una vez acabe el proceso, según el Reglamento de la Policía, se puede divulgar lo que contiene esos informes internos que son los que dan pie al informe del gobernador. Publicaremos los informes que generó la Policía’, dijo Vila en entrevista con Radio Isla.

La secretaria de la Gobernación luego dijo en una conferencia de prensa que todos los documentos se publicarán cuando la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) concluya su pesquisa, excepto el memorando que entregó el designado superintendente de la Policía al gobernador.

A preguntas de NotiCel de que los informes originales sobre el incidente no han perdido su carácter público, Vila replicó: ‘la Oficina de Ética ha solicitado que toda la información relacionada a la investigación en curso que ellos llevan, que incluye esos informes, se mantenga de manera confidencial mientras tanto ellos lleven esa investigación’.

Para sustentar la postura de La Fortaleza y la Policía, Vila citó un inciso de la ley.

‘El Artículo 7.1 Ley de Ética Gubernamental aplica a todos los funcionarios públicos y lee y cito: cualquier persona que intencionalmente ofrezca información, dé a la publicidad o públicamente comente cualquier investigación que se esté llevando a cabo en la OEG sin estar autorizado por la dirección ejecutiva será culpable de delito grave’, afirmó la Secretaria de la Gobernación.

Vila defendió la conclusión a la que llegó García Padilla sobre la actuación de Sánchez Betances en el sentido de que no cometió ninguna irregularidad.

‘No hubo una actuación de parte del Secretario de Justicia que interviniera o impidiera el procesamiento adecuado del incidente y así mismo lo ha reiterado Tuller que todo se llevó a cabo y se proceso siguiendo los reglamentos y la ley’, sostuvo Vila.

‘En cuanto al documento utilizado por el gobernador en su proceso decisional, el mismo no es un documento de carácter público’, añadió por otro lado Ortiz sin especificar cuál es la ley que declara confidencial ese tipo de información que maneja el Gobernador. A lo mejor porque no existe tal ley.

Curiosamente, y en una tercera comunicación esta mañana, Tuller no dijo que estaba impedido de dar el informe porque había un proceso pendiente contra Sifre. En vez, ofreció otra excusa completamente distinta e igualmente novel: que como la Oficina de Ética Gubernamental le pidió copia del informe para una investigación, pues ya es confidencial y nadie puede discutirlo.

‘Legalmente, la Policía de Puerto Rico esta incapacitada de discutir públicamente los méritos de un caso que está siendo investigado por la OEG. Es por esta razón, que he impartido instrucciones que el caso no se discutirá en el foro público hasta tanto no concluya el proceso en la OEG’, dijo Tuller en un comunicado.

ASPPROsolicita publicación del informe

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) solicitó en una misiva al Gobernador que se haga público cuanto antes la totalidad del informe que la Policía de Puerto Rico preparó en torno a la intervención del saliente secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, con agentes que arrestaron a su exsocio, Jaime Sifre, por guiar en estado de embriaguez.

De igual manera, la organización periodística por medio de su presidente Rafael Lenín López, solicitó acceso a toda la documentación relacionada al caso ya que entiende que el Tribunal Supremo decidió que todo documento generado, recibido, o custodiado por el Gobierno se presume es de naturaleza pública.

‘Confiamos en que atenderá con premura nuestra petición y cumplirá su promesa de un gobierno transparente y de información accesible al público’, cierra la carta.

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