El dinero de los contribuyentes no sólo se pierde en escandalosos casos millonarios de corrupción, sino tambien en una cantidad de actos de ratería cotidianos que, precisamente porque no son cuantías extraordinarias, se convierten en polillas que, de manera invisible pero constante, devoran los fondos que le pertenecen a todos los ciudadanos.

Así quedó evidenciado en un informe especial que la Oficina de la Contralora emitió ayer en el que, mediante recopilar hallazgos de otros informes de auditoría ya publicados, enfoca en cientos de instancias en las que empleados públicos, sus familiares, y personas ajenas a las entidades, ganaron acceso a las cuentas de banco públicas para pagarse gastos tan mundanos como la cuenta de agua, de luz y su teléfono celular.

El informe especial cubre del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2012, y abarca instancias en las que ya ha ocurrido procesamiento criminal por lois actos de robo, aunque el informe también fue referido al secretario de Justicia el 7 de agosto de este año para procesamiento adicional.

Las entidades cubiertas son la Universidad de Puerto Rico, la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), la Administración de Vivienda Pública (AVP), y los municipios de Jayuya, Canóvanas, Morovis, Toa Alta, San Juan, Luquillo, Gurabo, y Juncos.

La entidad más afectada es ASUME, con 375 instancias de desvío ilegal de fondos por $43,997. Para la mayor parte de estas transacciones, 296, no se pudo establecer en qué se usó el dinero. Pero en los demás casos, los propósitos incluyen pago de luz, teléfono, agua, cable televisión, compras en tiendas por departamento, pago de préstamo de auto y de hipoteca, internet, seguros, deuda de tarjeta de crédito, y hasta para enviarlo fuera del país.

En cuantía, la segunda entidad más afectada es la UPR, con pérdida de $27,672, y en los municipios el más afectado es Morovis con 18 transacciones por parte de personas ajenas a su plantilla de empleados que le costaron $15,151. En el municipio de Jayuya, la detección de las transacciones conllevó la radicación de cargos contra un empleado de mantenimiento por contrato, quien se declaró culpable y enfrenta sentencia de cárcel.

En la UPR, los casos detectados incluyeron una empleada, su esposo y su hija todos utilizando las cuentas para pagos ilegales de préstamos, agua, luz, y teléfono. En otro caso de la UPR, un solo número de teléfono fue usado como conducto para el pago ilegal de la cuenta de agua para seis personas distintas.

Según el informe especial, los pagos ilegales se lograban mediante usar la información de la cuenta bancaria pública para hacer las transacciones personales por internet o por teléfono.

Informe especial de la Contralora sobre desembolsos ilegales de fondos públicos – NotiCel_4750