La defensa del convicto excomisionado de Seguridad de San Juan, Hilton Cordero, se prepara para solicitarle al Tribunal Supremo que revise y revoque una decisión de un panel de jueces de apelaciones que validó la ocupación de la computadora del otrora funcionario de la administración capitalina de Jorge Santini.

Así lo confirmó a NotiCel la principal abogada de defensa de Cordero, Mayra López Mulero, quien reconoció que no ha leído en detalle la resolución de 66 páginas emitidas ayer por el Tribunal de Apelaciones, cuyo juez ponente fue Gerardo Flores.

El Tribunal de Apelaciones sostuvo que la computadora que se le ocupó a Cordero con material pornográfico debe mantenerse como evidencia en el caso estatal por actos lascivos y pornografía infantil que enfrenta en los tribunales locales, separado del litigio federal de pornografía por el que está a punto de ser sentenciado tras declararse culpable.

‘No descartamos llevar este asunto a la atención del Tribunal Supremo de Puerto Rico’, dijo López Mulero a este diario digital.

‘No estoy en posición de determinar si voy a pedir reconsideración o no, pero estoy firme en mi planteamiento y considero que tiene mucha fuerza desde el punto de vista jurídico. Por tal razón, creo que lo más propio será elevar los autos hasta el Supremo’, destacó López Mulero.

La defensa ha insistido en que la prueba obtenida a través de la ocupación de la computadora se tiene que suprimir porque la orden judicial a tales efectos fue ilegal. Esa orden fue emitida por la jueza Madeleine Vega y la defensa argumentó sin éxito ante el Apelativo que estaba defectuosa y es ilegal porque carece del requisito de especificidad.

Aunque el juez ponente de la decisión del Apelativo reconoció que la orden no es ‘perfecta’, ratificó la determinación de la jueza Vega.

‘Ciertamente en este caso, el Estado no presentó ante la jueza del tribunal primario una orden de registro y allanamiento perfecta, sin embargo la misma resultó suficiente para ajustarse a los requisitos constitucionales requeridos para su expedición. El agente expuso mediante una declaración jurada que como resultado de la investigación donde la hija del peticionario, le imputaba la comisión del delito de actos lascivos, existía material pornográfico en una computadora en la residencia que pudo haber sido utilizado como medio para actos que podían constituir uno o varios delitos’, argumentó el juez de apelaciones.