Los directivos del megabufete McConnell Valdes (MV) tienen que responder por el supuesto discrimen por genero al que sometieron a una de sus socias contra quien, además, tomaron represalias cuando reclamó judicialmente sobre el discrimen, determinó el Tribunal de Primera Instancia.

El caso de la licenciada Maggie Correa contra MV adquirió relieve el 1 de julio pasado cuando se convirtió en el primer juicio civil transmitido en vivo bajo el programa piloto del Poder Judicial para transmitir las incidencias en los tribunales.

La vitrina resultó ser un giro irónico para un caso que está activo desde abril de 2012 y que el bufete pretendía que se manejara anónimamente sin indicar el nombre de las partes en su epígrafe.

Ahora, y tras varios días de vistas, el juez superior Ángel Pagán Ocasio determinó que la licenciada Correa, quien llevaba 34 años en el bufete, nunca perdió las protecciones que la ley y la Constitución de Puerto Rico concede a los empleados. El bufete argumentaba que Correa no podía ser a la vez miembro capitalista y empleada. Con este argumento buscaban escudarse del trato diferente e inexplicado que le daban a Correa en cuanto a su compensación y sus arreglos de vacaciones. Correa fue expulsada del bufete una semana después de presentar su reclamación legal.

De sostenerse la decisión de Pagán en etapas apelativas, su razonamianto podría influenciar a muchas de las corporaciones que se están creando ahora aprovechando el trato contributivo que ofrece el modelo de Corporación de Responsabilidad Limitada (CRL).

Principalmente, porque el dictamen apunta a que el sólo hecho de ser un miembro capitalista de este tipo de corporación no significa que la persona pierde las protecciones que la ley concede a los empleados.

El principal implicado en las acciones contra Correa es Arturo García Solá, quien fue abogado personal del exgobernador Luis Fortuño, y a quien se le identifica como coordinador de la redacción de proyectos de ley en esa administración. A la defensa del bufete en este caso se unió Fernando Agrait, un expatrono del gobernador Alejandro García Padilla que fue llamado su ‘consejero’ durante la campaña y cuya esposa es una de dos secretarias actuales del Gobernador.

El juez Pagán indica que el testimonio de García y de otras personas relacionadas con el bufete no le merecieron credibilidad y expresó que ‘[n]adie puede estar por encima de la ley y [n]o se puede permitir el utilizar figuras jurídicas para encubrir (sic) violaciones a los derechos civiles’.

‘El discrimen por raza, color, sexo edad, origen nacional, político y las represalias se contrapone al proceso democrático y son totalmente contrarias al desarrollo económico de toda sociedad, porque margina todo un sector de la población del proceso económico por razones totalmente ajenas al comportamiento del mercado… la Lcda. Correa no está, ni debe estar excluida, de estas protecciones (antidiscrimen) por el mero hecho de ser miembro capital, al igual que tampoco lo deben estar todos los demás miembros capitales del bufete’, añadió.

*Corregida para reflejar el alcance correcto de la determinación del tribunal.

Resolución en caso Maggie Correa v. McConnell Valdes – NotiCel_4469