El agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en ingles) que tuvo bajo su cargo y custodia los registros realizados a la lujosa guagua Acura de Pablo Casellas Toro testificó sobre los procesos seguidos para incautar la evidencia en ese auto tras el supuesto ‘carjacking’ del que el corredor de seguro alegó haber sido víctima.

El agente del FBI, Rubén Marchand, dijo que sí se solicitó una orden judicial de registro luego que tras una primera ocupación de evidencia en la guagua se determinara que había que ‘romper’ la consola del auto y un asiento para analizar la trayectoria que siguieron los proyectiles una vez los supuestos asaltantes le realizaron los disparos el 17 de junio de 2012 cuando alegó falsamente que fue víctima del intento de atraco.

Cuando Casellas Toro sufrió el supuesto intento de atraco y asesinato les informó a las autoridades que los hechos ocurrieron luego que salió del club de tiro en Dorado, que ese día estaba cerrado por ser domingo Día de los Padres.

Sobre ese detalle, los abogados defensa de Casellas Toro no le hicieron preguntas al agente federal.

La línea de preguntas del licenciado Juan Ramón Acevedo giró en torno a lo que catalogó como ‘dejadez’ e ‘incompetencia’ por parte de los agentes locales y federales por no conseguir una orden de allanamiento y registrar el auto en dos ocasiones pasados 21 días desde que Casellas Toro dio su ‘consentimiento’ inicial para ello.

‘La fecha (del consentimiento) no era importante: lo importante era corroborar que ese era el vehículo, que esa era la tablilla y que estaba la firma (del perjudicado)’, declaró Marchand en la vista de supresión de evidencia solicitada por la defensa.

Hoy Casellas llegó en andador al Tribunal de Bayamón.

En un aparte con NotiCel, los fiscales del caso Sergio Rubio y Phoebe Isales aseguraron a este diario digital que aún cuando la jueza superior de Bayamón, Vivian Durieux Rodríguez, accediera a suprimir la evidencia, todavía el ministerio público podría probar su caso más allá de duda razonable.

Luego de escuchar los testimonios de cuatro agentes y escuchar los informes de las partes respecto a la prueba presentada, la juez se reservó su fallo e informó que lo notificará a las partes por escrito entre el viernes y el lunes.

‘Las controversias planteadas son interesantes’, dijo la jueza.

El abogado defensor Harry Padilla reconoció que no existe jurisprudencia ni legislación expresa que establezca un límite de tiempo sobre cuándo expira un consentimiento o la renuncia de una persona a que sus pertenencias sean registradas.

Ante la falta de legislación y jurisprudencia, Padilla invitó a la jueza a comprar su teoría de que lo que debe operar en este caso es ‘la razonabilidad del término’ para realizar el registro. Para el abogado padilla, el término no fue razonable.

Las fiscales Parra e Isales argumentaron, por su parte, que Casellas Toro nunca revocó el consentimiento de la ocupación y registro de su vehículo, pues habló en tres ocasiones con los agentes federales y nunca los desautorizó a permanecer con el vehículo bajo su custodia.

Recordaron, además, que el acusado de asesinar a su esposa Carmen Paredes en ese momento no era sospechoso ni había sido arrestado y que las gestiones que realizaron las autoridades federales fueron a base de que él fue la víctima y perjudicado en ambos delitos.

Casellas Toro está acusado por asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas, destrucción de evidencia y declarar falsamente un delito.

Cuando se determinó causa para arresto en octubre 2012, la fiscal Isales explicó que ese último cargo se relaciona con la querella que el imputado presentó ante los agentes del cuartel de Levittown de que supuestamente el 17 de junio (Día de los Padres) le robaron tres armas y fue víctima de una tentativa de asesinato. Entre las armas, que Casellas Toro alegó falsamente que le robaron, se encuentra la utilizada para asesinar a Paredes.

Además, el FBI mantiene abierta una investigación contra Casellas Toro por mentirle a uno de sus agentes, pero de acuerdo con su director, Carlos Cases, están esperando a que se lleve a cabo el proceso judicial estatal por deferencia y para no influenciar en el caso.