La eliminación de la seguridad nocturna en más de 800 escuelas públicas del país pudiera responder a mucho más que los problemas fiscales que enfrenta el gobierno.

A primera vista, la situación daría la impresión de tratarse de la modificación de un contrato de servicio.

Mediante comunicado de prensa, la compañía de seguridad Génesis Security Services notificó que tendrá que despedir a unos 2,700 jefes de familia debido a que el Departamento de Educación (DE) decidió eliminar los servicios de seguridad nocturna de las escuelas públicas del País, según les notificaron mediante carta el jueves.

Génesis se quejó también de que el Gobierno le debe $48,185,561.33. De esta suma, el Departamento de Educación le debe a Génesis $32,320,057.53, hasta la fecha.

Sin embargo, la contabilidad que le faltó hacer a Génesis es que, mediante cabilderos bien conectados con las distintas administraciones, la empresa ha tenido por lo menos $136 millones en contratos de Gobierno en los últimos 10 años, según el registro de la Oficina de la Contralora.

La estrategia de Génesis para conseguir contratos, destacó recientemente el semanario Claridad, incluye evitar las subastas, o cuando van a subasta, usar el mismo montón de contratos públicos que tienen como ‘prueba’ de su ‘solvencia económica’.

Según el semanario, la compañía cuenta entre sus abogados y cabilderos con personas con mucha influencia en la administración de Alejandro García Padilla, entre ellos el abogado Pedro Ortiz Álvarez, cuyo hijo trabaja de asesor en La Fortaleza, y el exrepresentante, ahora ‘analista de noticias’, Ferdinand Pérez, quien también es la mano derecha secreta del presidente cameral Jaime Perelló. A la lista se suma José Julio Aparicio, quien estuvo a cargo de las operaciones de ‘fiscalización’ en la campaña de García Padilla y quien en muchos lugares ha alardeado de que regularmente visita La Fortaleza para beber con el Gobernador y con el secretario de Asuntos Públicos, Jorge Colberg.

Fuentes de NotiCel indicaron que, en el caso de Aparicio, tras la notificación de la suspensión de la contratación de Génesis en Educación, preisonó para que destituyeran tanto al secretario de la agencia, Rafael Román, como al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carlos D. Rivas.

Internamente, la empresa también ha presionado con el argumento de que dejar a sus guardias sin trabajo puede causar actos de vandalismo en las escuelas, un argumento que también utilizó otra compañía de seguridad, Island Security, cuando en la Administración Calderón su contrato en Educación fue cancelado porque sus oficiales cometieron perjurio en una investigación oficial.

Por su parte, Román dijo esta mañana en WKAQ que el contrato se había estado trabajando mes a mes con la compañía y que ‘nos vamos a mover a otras formas de seguridad’, indicó.

‘El gobierno nos debe mucho dinero y Génesis necesita que -lo más pronto posible- se pague la deuda acumulada con nuestra empresa, para así nosotros procesar la liquidación de todos los empleados que se verán afectados. Asimismo, cumplir con otras obligaciones patronales. Tenemos poco tiempo y es importante llevar a cabo un proceso ordenado’, enfatizó el gerente general de Génesis, Roberto Morales..

El argumento de Morales contrasta con el hecho de que, según Claridad, la empresa no ha tenido problema en obtener contratos multimillonarios con el Gobierno a pesar de que le debe dinero al fisco, algo que usualmente es un impedimento insalvable para los contratistas.

La empresa adeuda, por lo menos, $3.3 millones al Departamento del Trabajo y tiene 227 querellas pendientes ante esa misma agencia por violaciones a las leyes del trabajo.

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