Falta de coordinación entre los entes gubernamentales que otorgan subsidios y la carencia de fiscalización de la efectividad de los mismos, es lo que ha quedado constatado en una vista pública de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, que evalúa el impacto de los mismos en el Fondo General.

El licenciado Juan Vaquer, del Departamento de Hacienda, admitió que si las empresas que solicitan incentivos cumplen con los requisitos de las leyes, la agencia viene obligada a darlos. Este insistió que la agencia no tiene la facultad de evaluar la costo eficiencia.

En los últimos cinco años se ha otorgado beneficios de al menos 24 leyes de créditos contributivos, que han totalizado $1,282 millones.

En esa línea, Edwin Ríos, secretario Auxiliar Interino de la Oficina de Asuntos Económicos y Financieros del Departamento de Hacienda, reconoció que no existe un estudio que evalúe el beneficio de estos incentivos en la actividad económica de la Isla.

A su entender este es un trabajo que puede levantar la Junta de Planificación, utilizando el modelo de la matriz de insumo-producto, algo que el Colegio de Contadores Públicos Autorizados había recomendado en su informe ‘Análisis del desempeño del IVU y Metodología para Evaluar Incentivos’, del 2009.

A lo que el representante, Rafael ‘Tatito’ Hernández,

presidente de la Comisión, señaló la premura de evaluar lo que el gobierno invierte en la concesión de incentivos y los beneficios que estos generan.

Y puntualizó que si luego del análisis se determina que hay incentivos que no están generando el efecto deseado, ‘vamos a picar’.

En un aparte con la prensa, Hernández, indicó que evaluaría el impacto que han tenido estos incentivos, no solo para el Departamento de Hacienda, sino para otras agencias como la Compañía de Turismo, la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO, por sus siglas en inglés) y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.

‘El propósito del análisis, lo que quiere ver crudamente, es que si nosotros invertimos un dólar en cualquier tipo de iniciativa para desarrollar la actividad económica del país, por lo menos, que ese dólar lo recuperemos. Si hay incentivos, que ese dólar se múltiple en bien’, sentenció.

De otro lado, reiteró su intención de establecer las garras necesarias al Departamento de Hacienda y otras agencias gubernamentales, para que puedan evaluar el rendimiento y cumplimiento de los incentivos.

Este reconoce que las leyes de incentivos son ‘criaturas de la Cámara de Representante y el Senado, y que se han creado una sinnúmero de legislaciones dirigidas a incentivar unos segmentos sin analizar el macro’.

Por su parte, el economista José Joaquín Villamil, dejo claro que si bien es cierto que algunos incentivos deben mantenerse, ‘no es menos cierto que su impacto será mucho menor de lo que fue hace varias décadas en promover nueva inversión’.

A su entender los incentivos deben ser evaluadas bajo los criterios de: si la relación de costo-beneficio es favorable, si la estructura de los incentivos ha sido la correcta, y la prioridad de política pública de la administración que este en el poder.

‘Es importante señalar que medir el costo-beneficio no es fácil, como tampoco es establecer las prioridades. Utilizar los criterios equivocados puede tener consecuencias muy serias. Mi posición al respecto es que no se puede utilizar únicamente el criterio de creación de empleos para determinar que una actividad es merecedora de un subsidio, ni para evaluarlo’, determinó Villamil.

Éste recomendó a la Legislatura que se establezca mediante legislación una comisión, compuesta por representantes de distintas áreas como la economía, las finanzas, y la contabilidad, para que éstos a su vez creen subcomités que atiendan los renglones de salud, educación, agricultura, ciencias ambientales, entre otros.

En un plazo, que podría ser de un año, los miembros deberán rendir un informe sobre la efectividad de los incentivos.