Un caso común de violencia domestica ha destapado la posibilidad de que los grilletes electrónicos utilizados en Puerto Rico y Estados Unidos esten siendo usados para violar los derechos constitucionales de quienes tienen que portarlos como requisito para su libertad condicional. Estos grilletes están equipados con una especie de telefono celular que puede espiar las conversaciones de quienes los llevan puestos.

La situación fue descubierta por el abogado Fermín Arraiza Navas cuando un hombre le consultó en abril de 2013 para que le representara en un caso criminal de violencia doméstica.

Antes de comenzar la entrevista Arraiza Navas le preguntó casualmente a su cliente sobre el grillete electrónico con Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que le habían colocado como condición para su libertad bajo fianza y el hombre le comentó que ‘me hablan por ahí’, refiriéndose al aparato. Arraiza Navas canceló de inmediato la reunión y radicó una moción en el Tribunal Superior de San Juan para que se removiera el aparato de su cliente.

Arraiza Navas relató al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que había tenido otro cliente con un grillete electrónico con GPS el cual comenzó a vibrar durante una consulta legal entre ambos.

El Tribunal celebró una audiencia sobre el asunto y escuchó el testimonio de un agente del Departamento de Corrección que trabaja en el centro de monitoreo de imputados libres bajo fianza de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ).

Desde la sala del Tribunal el agente hizo una llamada telefónica a través del aparato a una técnica de la compañía SecureAlert que es la contratada para ofrecer y operar los grilletes. La mujer estaba en Sandy, Utah.

La técnica fue interrogada a través del grillete electrónico con GPS, el cual tiene una opción de teléfono celular y declaró que, aunque se supone que el aparato vibre cuando se activa desde Utah, no hay garantía de que se no se pueda iniciar una comunicación o prender el aparato sin ningún tipo de alerta o acción alguna del portador.

La juez Elizabeth Linares Santiago ordenó la remoción del aparato en la Oficina de los Alguaciles del Tribunal durante el tiempo necesario para que el acusado y su abogado se reunieran en privado.

Una vez concluida la reunión, el grillete electrónico con GPS fue recolocado al imputado hasta la vista de causa probable para juicio. En ese caso un juez desestimó el cargo de maltrato agravado que requería el grillete como una condición para la libertad bajo fianza.

Aunque en este caso el asunto se tornó académico, la controversia prevalece para los miles de sospechosos que cumplen con las condiciones para su libertad bajo fianza y para los convictos en libertad bajo palabra o probatoria en Puerto Rico y Estados Unidos cuyas conversaciones privadas pueden estar siendo escuchadas o grabadas sin su conocimiento y sin una orden judicial.

Arraiza Navas argumentó que, tanto en la audiencia judicial cuando el Oficial Correccional ofreció la demostración del grillete electrónico con GPS y teléfono celular integrado, como cuando el aparato de su cliente anterior comenzó a vibrar tan duro que se oía durante la reunión entre imputado y abogado, nadie escuchó ningún timbre, pito o sonido que indicara que la comunicación telefónica mediante el grillete había concluidooi.

En su moción al Tribunal, Arraiza Navas señaló que los operadores del sistema le informaron que el grillete era susceptible a ‘activarse unilateralmente’ desde el centro de mando y que ‘se podían escuchar las conversaciones’ de quienes los portaban.

‘Esta situación plantea un problema no solamente de violación al derecho a la intimidad más allá del derecho que tenga el Estado de supervisar a una persona imputada de un delito’, argumentó Arraiza Navas en su moción. ‘El problema y violación constitucional se extiende al violentar el derecho que tiene todo imputado de delito a reunirse con su abogado y a mantener la confidencialidad de las conversaciones legítimas que sostenga con éstos en preparación para los procedimientos judiciales’.

La moción menciona que los mecanismos de interceptación telefónica utilizados por la OSAJ se hacen ‘sin advertencia al usuario del brazalete’… ‘son totalmente inconstitucionales e ilegales’.

Considerándolo ‘flagrantemente inconstitucional’, Arraiza Navas advirtió al tribunal que ‘no se puede sujetar el derecho a salir en libertad bajo fianza a que el imputado de un delito tenga que renunciar a su derecho a la intimidad y a mantener la confidencialidad de sus conversaciones con sus abogados’.

La fiscal auxiliar de distrito de San Juan, Erika Quiñones González, rechazó en una moción que consta en el expediente del caso que el aparato violara los derechos constitucionales del imputado.

Niegan se estén espiando conversaciones con grilletes

Por su parte, el director de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ), Abid Quiñones negó que se estén espiando conversaciones a través de dispositivos de supervisión electrónica con la tecnología de posicionamiento global (GPS).

‘Para nada. Cuando nosotros instalamos un dispositivo GPS para los casos de Ley 54 hay únicamente dos instancias en las que nosotros nos comunicamos con el imputado a través del dispositivo’, dijo Quiñones en entrevista radial (WAPA Radio).

Quiñones detalló que las ocasiones en las que puede haber comunicación con el imputado es cuando se acerca a la víctima del delito y se le envía una señal mediante vibración o con una alarma. Indicó además, que al instalarse el grillete, el imputado firma un contrato que establece que puede ser llamado si viola una de las condiciones.

En segunda instancia, puede haber comunicación a través del grillete si el imputado tiene alguna emergencia. Éste puede oprimir un botón para comunicarse con la compañía de Utah contratada para manejar los grilletes y notificar la situación.

‘Son las únicas dos instancias cuando nos comunicamos con el imputado a través del dispositivo electrónico. Para nada se viola la intimidad del imputado, ni se graban las conversaciones con su abogado o con un tercero. Eso está garantizado totalmente’, aseguró el funcionario.

Indicó que en el nuevo proceso de subastas del sistema de grilletes con GPS, le exigirá a la compañía que contraten, que se suscriba un acuerdo de confidencialidad mediante el que se pudiera rescindir el contrato si se viola el derecho a la intimidad o a la presunción de inocencia de los imputados.

Las declaraciones de Quiñones se dieron luego que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) revelara un caso en el que el abogado Fermín Arraiza Navas descubriera la posibilidad de que se estén espiando las llamadas de los imputados cuando en abril de 2013 un hombre le consultó para que le representara en un caso criminal de violencia doméstica.

Arraiza Navas relató que había tenido otro cliente con un grillete electrónico con GPS el cual comenzó a vibrar durante una consulta legal entre ambos. El Tribunal celebró una audiencia sobre el asunto y escuchó el testimonio de un agente del Departamento de Corrección que trabaja en el centro de monitoreo de imputados libres bajo fianza de la OSAJ.

Desde la sala del Tribunal el agente hizo una llamada telefónica a través del aparato a una técnica de la compañía SecureAlert que es la contratada para ofrecer y operar los grilletes. La mujer estaba en Sandy, Utah. Posteriormente, la juez Elizabeth Linares Santiago ordenó la remoción del aparato en la Oficina de los Alguaciles del Tribunal durante el tiempo necesario para que el acusado y su abogado se reunieran en privado.

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