El juez Carlos Carrasquillo del Tribunal de San Juan pautó una vista para marzo del 2014 para ver en su fondo la demanda que 13 comunidades de Guaynabo mantienen para evitar que el ayuntamiento les expropie sus hogares. Esto luego de que las partes en el litigio no pudieran llegar a un acuerdo para transar la demanda.

La Oficina de Comunidades Especiales y el Departamento de Justicia cambiaron su postura previa del 2011 al defender que las 13 comunidades en Guaynabo mantengan la designación de ‘comunidades especiales’ para evitar que el Alcalde Héctor O’Neill les expropie sus hogares.

‘Eso fue la pasada administración. La actual administración sí defiende el programa y la designación,’ explicó José Conaway, abogado en la Oficina de Comunidades Especiales a NotiCel.

La oficina estuvo representada en la vista por Raysa Miranda, una abogada del Departamento de Justicia.

Hoy jueves fue la vista de estatus para ver si las partes habían podido llegar a un acuerdo para evitar un juicio. ‘Guaynabo tiene planes con las comunidades que no incluyen a las comunidades’, dijo Conaway.

El litigio contra Guaynabo comenzó en el 2007 cuando las comunidades fueron en contra de las pretensiones de O’Neill para que se declarara nula la designación de comunidades especiales hecha a las comunidades de Guaynabo. La Ley de Municipios Autónomos impide la expropiación de propiedades en comunidades designadas como especiales, explicó JorgeOyola, líder comunitario de Los Filtros. Las comunidades ganaron el litigio en el Tribunal de Primera Instancia pero el municipio apeló la determinación.

El Tribunal de Apelaciones en el 2011 falló a favor del municipio de Guaynabo tras determinar que ONeill debió ser consultado por el gobierno central durante el proceso para identificar sectores específicos a ser designados dentro de la jurisdicción municipal como ‘comunidades especiales’. En aquella ocasión ni la Oficina de Comunidades Especiales ni Justicia defendieron las designaciones.

El foro apelativo decidió devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que decidiera el caso conforme a su determinación.

Ahora el caso se centrará en si O’Neill fue consultado o no. Conaway dijo que hay evidencia amplia de que hubo consultas entre el ayuntamiento y La Fortaleza entre el 2001 y el 2004.

‘Él ahora se está contradiciendo porque él dice que él se opuso a las designaciones’, dijo Conaway.

Mientras, ocurría la vista, residentes de las comunidades mantenían una protesta para denunciar los intentos de expropiación.

NotiCel supo que aunque el ayuntamiento no está expropiando residencias, sí ha hecho acercamientos para que los residentes vendan las propiedades voluntariamente en las comunidades de Vietnam y Los Filtros con la excusa de que después tendrán que aceptar el precio que el ayuntamiento ofrezca en el caso de una expropiación.

‘Les dicen vende ahora porque después te quedarás sin dinero,’ dijo un residente quien no quiso identificarse.

NotiCel no pudo conseguir una reacción inmediata del municipio.

Vea también

Comunidades especiales siguen su lucha contra O’Neill en los tribunales