Vender pollo congelado o expuesto a cambios de temperatura tras ser rotulado como si fuera fresco podría ser considerado un delito grave y penalizado no solo con multas, sino que tambien puede ser castigado con pena de reclusión en caso de que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1062.

El proyecto, propuesto por el Presidente de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara de Representantes, César Hernández Alfonso y los representantes Rafael Hernández Montañez, Carlos Hernández López, Carlos Bianchi Angleró, Ramón Cruz Burgos y Nelson Torres Yordán, expone que será ilegal la promoción y mercadeo de carne de pollo como producto fresco si en algún momento ha estado congelada o si su temperatura interior ha sido menor de 26 grados Fahrenheit.

Tras expresar que con esto se pretende ‘garantizar’ a los consumidores el acceso a alimentos sanos, Hernández Alfonso dijo que también se busca que se respeten regulaciones estatales y federales.

‘Anteriormente se habían detectado acciones ilegales en el reempaque de supermercados y almacenes al detal ante la congelación y descongelación del producto importado. Se ha aprobado el Proyecto de la Cámara 1062 para proteger a nuestros consumidores de unas prácticas de mercado que no son muy claras que digamos’, sostuvo, mientras añadió que las inspecciones a los establecimientos se llevarían a cabo por una de las divisiones del departamento de Agricultura, que está encargada expresamente de esta gestión y de la emisión de multas.

En el esfuerzo colaboraría, además, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico, que tomaría las querellas que sean emitidas por los consumidores.

Ante la discusión de que este era un asunto ocupado por las autoridades federales, el Departamento de Justicia aclaró que el campo no está totalmente ocupado por ellos, por lo que se puede legislar de manera cónsona con la legislación federal.

Asimismo, Hernández Alfonso aprovechó para solicitar al Senado que apruebe la medida lo antes posible con el fin de que la misma pueda ser convertida en ley, en caso de que el gobernador Alejandro García Padilla otorgue la firma.

‘Aprovecho la oportunidad para solicitarle a los amigos del Senado, el cuerpo hermano, a que tengan en premura atender esta pieza legislativa para que asi a la brevedad posible llegue a las manos de nuestro gobernador’, solicitó.

Aunque de convertirse en ley este proyecto, se desarrollarían campañas para orientar a los dueños de los diferentes establecimientos y a los consumidores en cuanto a las acciones a tomar en caso de que se violente esta directriz, se adelantó que las penalidades conllevarían una multa de $1,000, en caso de que sea la primera vez que se reciba una infracción, $10,000 si es una conducta recurrente o hasta pena de cárcel por un término de un año. Esta última queda a discreción del Tribunal, que podría también aplicar ambas penalidades.

La medida fue respaldada por los Departamentos de Salud, Agricultura, Justicia, Asuntos del Consumidor y grupos de avicultores. También se unieron organizaciones como el Centro Unido de Detallistas, la Asociación de Agricultores y el Colegio de Agrimensores de Puerto Rico.