La Administración para el Sustento de Menores (Asume) recien ha recomenzado el proceso de evaluación y actualización de proyecciones sobre la realidad social y económica de Puerto Rico que den pie a la elaboración de un nuevo reglamento para la implementación de nuevas guías de pensiones alimentarias.

Se trata de una nueva posposición en la revisión de las guías que se supone estrenaran en 2010 como parte de un plan de actualización de cada cuatro años. La revisión está inmersa en controversia ya que, por el lado de los padres alimentantes, se alega que las guías vigentes no toman en cuenta la degradación económica que ha sufrido el país y, por el lado de los padres, principalmente madres, custodios, se anticipa una reducción drástica de lo que reciben actualmente para manutención de los menores.

La revisión recién comenzada se realiza independiente de la demanda presentada por padres custodios, parejas de padres custodios, y padres no custodios en urgencia porque se publicara la revisión que estaba supuesta hacerse en 2010.

El juez que vio el caso, José A. Fusté, desestimó la demanda por entender que el tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico no tenía jurisdicción en el asunto.

Aun con esta decisión en su favor, la administradora de Asume, Rosabell Padín aseguró que la agencia ‘está consciente de que tiene que cumplir con la legislación federal y la nuestra en cuanto a la revisión de las guías’.

La administración anterior redactó un borrador que se publicó y fue discutido en vistas públicas, pero nunca lo radicó ante el Departamento de Estado.

Con el pasar de los años, se ha hecho necesaria una actualización de las proyecciones contenidas en el estudio económico realizado en 2010 por el economista Carlos Rivera Galindo. Las proyecciones contenidas deben cumplir con la vigencia de cuatro años que establece la legislación.

Padín informó que el 3 de julio pasado la agencia firmó un contrato con la compañía Estudios Técnicos para que realice este trabajo. El contrato es por un año, pero la revisión debe estar completada en 18 semanas, indicó. Una vez concluida, habrá que redactar un nuevo reglamento no nuevas fórmulas para la fijación de pensiones. Entonces, se celebrarían vistas públicas.

‘La idea de esas vistas públicas es recibir el insumo de la población, vamos a recibir los comentarios, serán evaluados y, de ser necesario, se incorporan’, explicó Padín. ‘El producto final lo estaríamos radicando ante el Departamento de Estado y entrarían en vigor en 30 días’.

Será necesario también un proceso de adiestramiento para hacer los reglamentos accesibles al pueblo y a las distintos sectores que toman parte en la fijación de la pensión alimentaria de un menor.

La expectativa de Padín es que este nuevo reglamento se pueda radican ante el Departamento de Estado en verano de 2014.

El producto final, dijo, debe ser ‘que las pensiones que se establezcan sean justas y adecuadas para los menores de edad en Puerto Rico’.

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