A la vez que avalan la estrategia del Ejecutivo de cortar beneficios y renegar de compromisos con los empleados públicos a punto de jubilarse, los jueces del Tribunal Supremo mantienen intactas sus pensiones de privilegio y el Ejecutivo no ha dado ni señales de humo de cuándo va a someter su propuesta de reforma del Sistema de Retiro de la Judicatura.

El senador José Rafael Nadal Power, presidente de la Comisión de Hacienda, y el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público, coincidieron en que todavía el Ejecutivo no le ha informado para cuándo viene la reforma del Sistema de Retiro de la Judicatura, ni se les ha presentado el plan.

Nadal Power entiende que cualquier plan se discutirá en la próxima sesión legislativa, pero hizo la salvedad que no existe compromiso para así hacerlo por parte del Ejecutivo.

A preguntas de si el plan para la Judicatura estaría también enfocado en aumentos de las aportaciones y modificaciones en el modelo de pensión, como ocurrió con la Ley 3, respondió que ‘esas son las líneas de acción típicas’, pero asegura que todavía no hay un plan delineado.

Según Santa, ha sostenido conversaciones informales con el Ejecutivo sobre las planteadas reformas, pero hasta el momento no ha habido ningún compromiso.

Mientras esto sucede, y a la vez que pasan juicio sobre las pensiones de los demás, el esquema de retiro de la Judicatura se mantiene como uno privilegiado.

Por ejemplo, el patrono le aporta a los jueces un 20% de salario para su retiro, cuando la aportación patronal de los empleados regulares que son víctimas de la reforma es de la mitad.

Además, y cumplidos los 60 años, los jueces se pueden retirar con tan sólo 10 años de servicio acreditado.

Específicamente los jueces del Tribunal Supremo, tienen pensión calculada con hasta el 100% del salario de los jueces del Supremo que estén activos, incluyendo el beneficio de recibir los aumentos que reciben los jueces. Como lo ha ejemplificado el exjuez Presidente, José Andreu García, este nivel de compensación ocurre sin limitación alguna a los ingresos que puedan comenzar a recibir con sus nuevos empleos tras la jubilación. Incluso, cuando mueren, sus cónyuges heredan la pensión.

Los jueces han adelantado el argumento de que tocar sus pensiones sería un atentado a la independencia judicial, pero esa pulcritud y separación no se ha aplicado para que dejen de recibir los cientos de miles de dólares que reciben anualmente del Fondo General para cubrir las leyes especiales de retiro que le aplican.

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