El Departamento de Justicia (DJ) anunció el lunes la radicación de una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y la expedición de citaciones para radicar cargos criminales contra ocho nefrólogos del área suroeste de la Isla por violaciones a la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio y al Reglamento Sobre Competencia Justa.

Según informara el secretario auxiliar de Asuntos Monopolísticos del DJ, Jesús M. Alvarado Rivera, durante el periodo de octubre de 2011 a marzo de 2012, los nefrólogos Francis M. Vázquez Roura, Práxedes E. Álvarez Santiago, Rafael García Nieves, Daniel Pérez Brisebois, Cosme D. Santos Torres, Ángel B. Rivera Santos, Juan L. Vilaró Chardón y Jorge Grillasca Palou, concertadamente, presionaron de manera repetitiva a la aseguradora y administradora del programa de salud del gobierno (Humana-Mi Salud) para obtener un pago más alto por sus servicios, requiriendo la modificación de la política de pagos de Mi Salud.

El funcionario agregó que, al no lograr su objetivo, los galenos dieron terminación en conjunto a sus contratos con la aseguradora de forma abrupta, resultando de esta acción la privación de servicios a los pacientes de Humana-Mi Salud en la región suroeste de Puerto Rico. Estos ocho médicos constituyen el 80% del mercado de nefrólogos en la citada región.

‘Tales hechos tuvieron lugar en las salas de emergencia de los hospitales San Cristóbal y San Lucas de Ponce. En el caso del Hospital San Cristóbal, tuvieron lugar al menos dos incidentes de denegación de acceso a los servicios médicos especializados que prestaban los querellados, con el resultado de que incluso uno de los pacientes tuvo que ser transferido al Centro Médico de Río Piedras por la falta de servicio de nefrología en esa facilidad hospitalaria. La falta de servicio de nefrología en ambas facilidades hospitalarias se debió a la continuación de la postura concertada por los nefrólogos querellados de no brindar sus servicios ante la falta de una tarifa aceptada por Humana-Mi Salud que rindiera un pago del co-aseguro que fuera acorde a sus demandas’, dijo Alvarado Rivera.

A tono con las disposiciones de ley aplicables, el DJ solicita al DACO que imponga multas a cada uno de los imputados por no menos de 15,000 dólares. Por otra parte, la vista para radicación de cargos criminales está pautada para el próximo 30 de abril en la Sala de Investigaciones del Tribunal de Ponce.