Un grupo de abogados que representan a los consumidores puertorriqueños en varios pleitos contra la Puerto Rico Telephone Company (PRTC), denunciaron que la actual Presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), la licenciada Sandra Torres, ha incurrido en varias violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y actualmente mantiene serios conflicto de intereses con la compañía para la cual laboraba.

El grupo de abogados, encabezado por el exjuez Presidente del Tribunal Supremo, licenciado José A. Andreu García, representa a más de un millón de consumidores que como abonados de la PRTC recibieron cargos ilegales por aproximadamente 10 años por los servicios de Tele-tecla y alquiler de equipo de telefonía.

‘Hemos presentado una querella formal ante el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental en contra de la licenciada Sandra Torres porque se encuentra interviniendo en los pleitos radicados por nosotros contra la PRTC, en violación no solamente a su propia resolución, sino al compromiso que hizo ante el Senado de Puerto Rico, en violación a la Ley de Ética Gubernamental y a los Cánones de Ética de la Abogacía’, expresó Andreu García, en una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados.

La licenciada Torres fue Directora de la División Legal de la PRTC y participó de algunos litigios relacionados a ambos pleitos. Además, el grupo de abogados, denunció que, actualmente, recibe una pensión de retiro de parte de Claro, compañía que compró a la PRTC.

El grupo de abogados insiste en que, a pesar de que Torres se comprometió a inihibirse de los casos que tengan que ver con la PRTC- Claro, no ha cumplido su palabra puesto que supuestamente se ha negado a entregarles documentos públicos relacionados con el caso.

‘Cuando fuimos a pedir la semana pasada copia del expediente del caso, nos dijeron que la licenciada Sandra Torres había dado órdenes de que eso era confidencial. Imagínate el informe del juez, que es como si la sentencia fuera confidencial’, detalló el el licenciado José Andreu Fuentes.

El nombramiento de la licenciada y de otra exfuncionaria de Claro a presidir y ser miembro asociado de la JRT, respectivamente, ocurren en medio de la litigación de ambos casos en los Tribunales, y a la vez, que el Senado, misteriosamente, aprueba el Proyecto de Cámara 1225 para facultar que las compañías de telecomunicaciones queden exentas de la aplicación de la Ley de Pleitos de Clase de Consumidores. Es decir, que únicamente la JRT tenga facultad para decidir en los pleitos que se presenten contra compañías como Claro.

‘Estos pleitos estaban legislándose en los Tribunales y entonces, pasan esa ley sinistra que nadie sabe todavía quién es el autor, y en el ínterin, se nombran a dos exfuncionarias de Claro a presidir y ser miembro asociado de la JRT. De los tres jueces que hay en la Junta, dos provienen de la PRTC’, alertó el licenciado Harold Vicente.

Los abogados alegaron que el convictoexsenador, Jorge De CastroFont, está involucrado con el caso, puesto que las autoridades federales le investigaron en ese entonces por recibir dinero a cambio de favorecer proyectos de ley, incluyendo el de la PRTC.

La querella pesentado por el bufete de abogados tiene el propósito de que se investiguen los conflictos de intereses y se derrogue la enmienda a la Ley de la JRT.

‘No solamente le estamos pidiendo (al Secretario de Justicia) que investigue la ejecución de esta persona en los casos contra la PRTC porque podrían representar un delito, sino que investigue la legalidad del nombramiento de esas personas a la JRT’, expresó Andreu Fuentes.

Los abogados explicaron que en ambos pleitos la compañía estaba cobrándole a los consumidores millones de dólares ilegalmente que dejaron de cobrar tras presentar el pleito. Sin embargo, el dinero que ya habían cobrado, que totaliza $200 a $300 millones de dólares no lo quieren devolver, ni la JRT le ha exigido que lo hagan.

‘Este es un esquema donde el Gobierno de Puerto Rico se confabula con la PRTC a los fines de beneficiar ilegalmente e inconstitucionalmente a la PRTC en contra del pueblo de PR y de los consumidores puertorriqueños’, concluyó Andreu García, a preguntas de la prensa.

Durante la conferencia de prensa, además trascendió que el Directos de Campaña de Luis Fortuño, Angel Cintrón, fue cabildero de la PRTC en ese entonces.

Por su parte, el senador Ramón Luis Nieves anunció que la Comisión de Banca, Seguros y Telecomunicaciones del Senado investigará las alegaciones.

‘Hemos recibido información preocupante sobre alegados conflictos de interés en la JRT de parte de su presidenta, la licenciada Torres. Particularmente, alegaciones de que ha intervenido de alguna forma en casos de PRTC. La licenciada Torres fue abogada y jefa de la División Legal de la PRTC, por lo que dicha intervención, de probarse, sería inapropiada y antiética’, indicó el Senador por San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas.

Nieves indicó que, en el informe sobre la confirmación de la Presidenta de la Junta de la JRT, emitido el 11 de noviembre de 2009, se expresó lo siguiente:

‘Se le preguntó a la nominada en relación a cómo se atenderán los asuntos relacionados a la PRTC dentro de la Junta. La nominada enfáticamente indicó que se inhibiría de estos asuntos y los demás miembros de la Junta que estaban presentes en la Vista Pública indicaron que el quórum se logra entre dos miembros por lo que no habría problemas con este particular’, añadió.