Tres de las principales organizaciones que agrupan al sector empresarial del País, unieron su voz y emplazaron en nombre de los patronos, al presidente del Senado, Eduardo Bhatia y al presidente de la Comisión de lo Jurídico, Miguel Pereira, a ‘no desestabilizar la inversión público-privada en construcción, con la derogación de la disposición que penaliza la obstrucción ilegal de obras, tambien conocida como la Ley Tito Kayak.

Alejandro Brito, presidente de la Asociación de Constructores de Hogares; Waleska Rivera, presidenta de la Asociación de Industriales; y Santiago Domenech, presidente de la Asociación de Contratistas Generales; se unieron para solicitar al presidente senatorial que se elimine del Proyecto del Senado 1, que consiste en la derogación del artículo 200 del Código Penal.

Los líderes de las asociaciones indicaron que el Senado aún tiene tiempo para evitar la derogación del artículo 200, en la sesión del lunes 18 de marzo, excluyendo dicho artículo de la medida bajo consideración.

La derogación del artículo no fue avalada por el Departamento de Justica ni por ninguna de las organizaciones del sector empresarial perjudicadas por la potencial paralización de obras de construcción.

Destacaron que la derogación del artículo 200 fue incluida de manera incorrecta en el Proyecto del Senado 1, para tratar de legitimar la eliminación de un artículo de ley, que es necesario para evitar un conflicto y paralización mayor en el País y mantener el orden en los proyectos de obra pública y privada que han pasado por el proceso establecido en ley.

El grupo recordó que la medida convertirá en chatarra, aquel permiso que sea aprobado conforme a la ley, puesto que ‘cualquiera tendría libertad para obstruir o paralizar una obra a su entera discreción y capricho’.

Reiteraron que proyectos vitales como el re-desarrollo de Roosevelt Roads, el Puerto de Ponce y otras obras de infraestructura de la actual administración, se verán afectadas severamente, con la derogación del artículo 200, una vez que un grupo de personas decida no estar de acuerdo con alguno de estos proyectos.

A la vez, destacaron que en momentos en que se degrada el crédito de Puerto Rico, la aprobación de esta medida es un mensaje de incertidumbre, que desalienta inversiones locales o extranjeras en obras públicas y/o privadas, y que nos hace mucho más difícil generar los empleos que necesitamos ahora.

Denunciaron que la derogación de esta disposición penal no crea un solo empleo en el País, pero sí añade elementos sumamente nocivos que alejan la inversión de capital, desalientan nuevos proyectos de construcción y ponen el camino más difícil a la industria de construcción. Industria que históricamente ha probado ser uno de los principales motores de creación de empleos en Puerto Rico y que aporta a levantar su economía.