La Administración de Servicios Generales (ASG) revocó una subasta ya otorgada para acomodar a la compañía de seguridad St. James Security Services Inc., propiedad del mecenas de la cultura y prominente contribuyente del Partido Nuevo Progresista, Guillermo Martínez.

En el ojo de la tormenta está la feroz competencia por uno de los principales mercados de la industria de la seguridad y las cámaras de vigilancia: las dependencias de todo el gobierno.

En las bandas exteriores, una funcionaria que, tras revocar la subasta fue nombrada fiscal federal auxiliar, y una compañía con poderosas conexiones políticas en Puerto Rico y Estados Unidos.

En julio de 2011, la ASG convocó la subasta 10-7-227 para recibir propuestas para servicio de vigilancia para las agencias, corporaciones públicas y municipios del Gobierno de Puerto Rico. Entre los requisitos figuraba que los licitadores presentaran la licencia que otorga la Policía de Puerto Rico que los autoriza a operar como ‘agencia de seguridad’.

La Junta de Subastas de la ASG adjudicó en octubre de 2011 a ocho de las 12 compañías participantes. Posteriormente, se descalificó a otra quedando entonces, siete: Alpha Guards Management, Airborne Security Services, Puerto Nuevo Security Guard, O’Neill Security <><><><><><><><><><><>& Consultant Services, Northwest Security Management, Genesis Security Services y Contact Security./p

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St. James Security Services fue excluida por no presentar su licencia de ‘agencia de seguridad’. St. James solicitó una reconsideración argumentando que había sometido el Certificado de Elegibilidad del Registro Único de Licitadores, el cual acreditaba que tenía todos sus documentos al día, incluyendo la referida licencia, la cual estaba vigente hasta marzo de 2012. Igual planteamiento llevaron al Tribunal de Apelaciones. Ambos foros rechazaron el argumento de St. James./p

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Mientras el caso se hallaba pendiente ante el Tribunal Supremo, y a pocos días de haber asumido su cargo como administradora interina de la ASG, Olga M. de Cardona Martínez notificó el 22 de junio de 2012 la revocación de su propia Junta de Subastas./p

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Esto a pesar de que 11 días antes, Margie Toro López, presidenta de la Junta de Subastas de la ASG por los pasados 35 años, le había escrito un extenso memorando a de Cardona Martínez en el cual se expresaba ‘consternada’ por una misiva con fechas inconsistentes que le había cursado la administradora interina de la ASG por dos meses, Dennise N. Longo Quiñones, en la cual revocaba la subasta a pesar de que el Tribunal Apelativo ya la había confirmado./p

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Para el resto de la investigación, vea el a href=’http://cpipr.org/historias/48-actualidad-en-portada/392-favorecida-por-el-gobierno-st-james-con-contratos-de-seguridad-.html’Centro de Periodismo Investigativo/a./p