En un primer informe que evalúa la situación actual de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), la Mesa de Dialogo Energetico de Puerto Rico, concluyó que el problema financiero de la corporación pública va mas allá de que la tarifa básica no se modifica desde el 1989, lo que hace que sea insuficiente dichos ingresos para sufragar los gastos operaciones como es requerido.

El grupo estableció que la Contribución en Lugar de Impuestos (CELI) que se le otorga a los Municipios ha aportado a que la AEE experimente un aumento en la deuda contraída por las emisiones de bonos. Esto a su vez llevó a una degradación en su clasificación crediticia en el 2012 a BBB-.

‘La ruta de endeudamiento por la cual se conduce a la AEE presagia una crisis más severa, con menos recursos para salir de ella’, determinaron.

Asimismo explicaron que no solo el subsidio de los municipios se debe revisar, sino todo los demás, en base a su impacto en los costos de electricidad y la sustentabilidad de Puerto Rico.

Opinaron que los subsidios ‘representan un desangre, no de la AEE, sino del bolsillo de todos sus abonados’, ya que son facturados indirectamente a su clientes mensualmente.

No obstante, aclararon que ‘solo los programas con un claro fin social deben mantenerse, siempre condicionados a un comportamiento prudente en el uso de la energía de parte de los clientes, y su financiamiento no debe ser responsabilidad de la AEE’.

De otro lado, añadieron que en los últimos 40 años intereses particulares han gobernado en la AEE por las intervenciones político-partidistas, evitando así que se tomen medidas a favor de los abonados.

Ante la falta de ‘sostenibilidad’ de la AEE en términos de su administración y salud financiera recomendaron que se creen fuentes de ingresos adicionales y que abran los libros de la corporación a la ciudadanía.

Señalaron que se debe revisar la fórmula de compra de combustible y energía, donde, por el momento, se le cobran a los clientes de la AEE otras partidas no relacionadas para equiparar las deficiencias de la tarifa básica.

Por esa misma línea sostuvieron que debe haber una reducción en los gastos operacionales de la AEE atendiendo aspectos como la pérdida y hurto de energía, y la deuda que mantiene el gobierno con la corporación pública.

También mencionaron que se debe ‘eliminar intermediarios en las compras de combustible y optimizar las estrategias del control de fluctuaciones de precios’. Este le elemento ha sido usado de excusas para justificar la carga exorbitante del ajuste por combustible.

Se espera que la Mesa rinda su último informe para febrero 2013.

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