El Primer Circuito de Apelaciones de Boston prohibió ayer al gobierno de Puerto Rico aplicar las disposiciones de la Ley Electoral que le prohibían a los sindicatos invertir dinero en campañas políticas.

La decisión vino en el caso que entablaron la Service Employees International Union (SEIU) y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), quienes ya adelantaron que su matrícula los autorizó a poner dinero en la promoción de las candidaturas de Carmen Yulín Cruz Soto, candidata a alcaldesa de San Juan por el PPD, y a Jose Rivera Santana, candidato a representante por acumulación del MUS.

‘Es un triunfo para los trabajadores y el pueblo en general. Lo que es lamentable es el hecho de que encuentres jueces que apliquen una política que se puede definir como una mentalidad colonialista. Aquí son una cosa y allá son otra cosa. Lo que es bueno para los trabajadores, no importa donde estén, debe ser bueno para el pueblo’, dijo Manuel Perfecto, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), en entrevista radial (Wapa Radio).

La decisión del Apelativo de Boston revocó las secciones 6.007 a la 6.010 de la Ley 222, firmada por el gobernador Luis G. Fortuño, así como la sección de la Ley 45 de Sindicación de Empleados Públicos que establece el proceso de descertificación de las organizaciones sindicales que intervengan en política.

Los sindicatos, bajo el alegato de libertad de expresión, acudieron al Tribunal de Apelaciones de Boston para reclamar su derecho a establecer Comités de Acción Política y hacer donativos a candidatos.

Perfecto dijo que según fue notificado, las cuestionantes de los jueces del foro apelativo federal sobre el caso, demostraron que las limitaciones contempladas en ambos estatutos son inconstitucionales.

Además, el líder sindical expresó que la determinación va mas allá de los sindicaos y permite que otras organizaciones también se expresen.

Sin embargo, el expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ricardo Santos dijo fue una movida impropia de los sindicatos, acudir el Tribunal de Boston por esta situación.

‘Me parece impropio que se coja dinero de un sindicato y se ponga en el fondo de algún partido político para que haga campaña. La UTIER rechaza las donaciones políticas y no había necesidad de ir a ningún tribunal a pedir permiso para hacer campaña que defienda los derechos de los trabajadores que representamos’, dijo Santos en entrevista radial (Radio Isla) al tiempo que aseguró las campañas sindicales tienen que ver con política relacionada a los derechos laborales.

Entretanto, el comisionado electoral del Partido Popular, Eder Ortiz calificó la decisión judicial como un triunfo para la libertad de expresión.

‘Eso es lo que establece la decisión, ese derecho a la libertad de expresión de estas organizaciones, igual como el Partido Republicano que todo el tiempo hace inversiones al Partido Nuevo Progresista y que grandes corporaciones haciendo inversiones para el Partido Nuevo Progresista’, dijo Ortiz en entrevista radial (Radio Isla).