De cara a las elecciones generales del próximo 6 de noviembre, la organización Sapientis en conjunto con otras entidades, le enviaron un cuestionario a los candidatos a escaños por acumulación tanto de la Cámara de Representantes como del Senado de Puerto Rico, para conocer sus posturas entorno a la educación y más que sorpresa por sus respuestas, quedaron preocupados por la total ausencia de ciertos líderes importantes de los partidos políticos mayoritarios.

El documento que incluía 8 preguntas cerradas y cuatro abiertas, fue enviado por primera vez a los candidatos para dichas posiciones de la mayoría de los partidos políticos, con excepción del Partido Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR), quiénes no tienen candidato por acumulación.

A preguntas de NotiCel los representantes de Sapientis, Agenda Ciudadana, la Asociación de Padres de Niños con Impedimentos (APNI), y el Instituto de Política Educativa para el Desarrollo Comunitario (IPEDCo), coincidieron que es de suma preocupación que personalidades como el senador novoprogresista Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado; o de la representante popular Brenda López de Arrarás, miembro Comisión de Educación y de Organizaciones Sin Fines de Lucro y Cooperativas; no hayan respondido el cuestionario que tuvieron tres semanas para llenarlo y se les diera constante seguimiento.

Otros aspirantes a un escaño legislativo que prefirieron mantenerse al margen en un tema tan neurálgico para el país fueron: Itzamar Peña, Melinda Romero y María Milagros Charbonier.

En resumen, la mayoría de los candidatos estuvieron abiertos a que se refuercen los aspectos de fiscalización al proveer un sistema transparente sobre la inversión de recursos.

A juicio de Nyvea Silva, directora de IPEDco, ‘nosotros no tenemos una cultura de transparencia en este país, y nos corresponde a los ciudadanos exigirla. Hay una necesidad de saber cómo vamos a distribuir el dinero y cómo lo vamos a utilizar’.

Silva fue más allá y estableció que muchos políticos se muestran renuentes a la descentralización de la educación porque lo asocian con ‘perder poder’. De hecho, ya existe la Ley 149 del 1999 que promueve la autonomía escolar, pero ha sido echada a un lado.

En esa línea, María de Lourdes Lara, directora de Agenda Ciudadana, trajo a la atención que aunque el presupuesto para el área de Educación es de 3,552 millones, a penas el 15 por ciento va para servicio directo para el estudiante. A lo que cuestionó ‘dónde está el otro 85 por ciento? quién los tiene?’.

Los representantes de las organizaciones señalaron que gran parte de la tajada del presupuesto de Educación se va en contratos, que muchas veces no están enfocados en mejorar la calidad de la enseñanza sino en seguir manteniendo los programas. Lamentan que haya una proliferación de compañías contratadas para dar talleres a maestros y estudiantes a veces sin tener las cualificaciones.

En ese sentido, el pasado abril NotiCel informó como el ex líder estadista Félix Plaud había obtenido cerca de $4.3 millones en contratos por medio de su empresa Strong Institute of Education, entre otras cosas para dar adiestramientos a maestros.

Cuando este medio preguntó si entonces entendían que los políticos se dejaban llevar por la presión de los contratistas y se alejaban del bien común, Lara respondió ‘todos los políticos en términos generales trabajan de acuerdo a quién más presiona, más cabildea, y toda la cosa. Así que, quiénes son los que más están logrando esos propósitos? Pues, probablemente no seamos nosotros’.

A su entender los políticos ‘no lo hacen de mala fe o faltar a la ley’, más bien es por desconocimiento y porque no se supervisa el resultado de los adiestramientos y talleres.

Pero aparte del desconocimiento que puedan tener las personas que tendrán en su poder tomar decisiones sobre el rumbo del país por medio de legislaciones, Silva reiteró que ‘recuerda que vivimos en una sociedad donde tu perteneces a un grupo con unos intereses y tu vas a velar por esos intereses. Nosotros vivimos en una sociedad que estamos cosechando lo que se sembró hace 20 o 30 años atrás y esa educación no nos hizo ningún favor de desarrollar las capacidades de ser un ciudadano activo. Las fuerzas las tenemos que desarrollar la ciudadanía’.

Mientras afirmaron que el ciudadano común se mantiene en un rol pasivo, por otro lado reprobaron que el Estado intente acallar a quienes se manifiestan y exigen.

Por esto, estuvieron de acuerdo en que es yendo desde abajo en que se puede desarrollar una política pública distinta a la que se ha dirigido la educación de Puerto Rico. Es por esto que el Pacto Social Educativo adquiere más relevancia de cara a los próximos 10 años.

En otros aspectos, Celia Galán de APNI expresó preocupación que la mayoría de los candidatos no contestaron si favorecería que los niños y jóvenes de educación especial sean incluidos en la corriente regular.

A juicio de Galán es imperativo darle la oportunidad a estos niños y jóvenes de ser incluidos en la corriente regular para que alcancen su máximo potencial. Además, de que se fomenta la sensibilidad, la tolerancia y la aceptación en los niños que están en la corriente regular.

Otra preocupación de las organizaciones a raíz de las respuestas del cuestionario es que la mayoría de los aspirantes por los partidos mayoritarios se mostraron apáticos a que se incluyan dentro de los currículos escolares cursos de sindicalismo y de cooperativismo.

Finalmente otro punto interesante es que los partidos minoritarios, entiéndase el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Unión Soberanista (MUS) y el Partido Pueblo Trabajador (PPT), rechazaron el que se utilicen los datos sobre el desempeño académico de los estudiantes para evaluar la efectividad del maestros. Las organizaciones magisteriales se han opuesto a esta metodología de evaluación.

Para ver resultados del cuestionario pulse aquí.