La representación legal de Pablo Casellas, imputado por la muerte de su esposa Carmen Paredes, recurrió al Tribunal de Apelaciones el lunes en la tarde con una moción solicitando orden en auxilio de jurisdicción y una petición de Certiorari, buscando que se paralice una orden emitida en la que se debe explicar la procedencia del dinero utilizado para pagar la fianza de cuatro millones de dólares que mantiene a Casellas en la residencia de su padre, el juez federal Salvador Casellas, bajo supervisión electrónica.

Los licenciados Harry Padilla, Arturo Negrón García y Juan R. Acevedo Cruz, presentaron los recursos buscando que el Tribunal de Apelaciones revise la orden emitida el pasado 5 de septiembre por el juez Rafael Villafañe, en la que se debía establecer que el fiador, en este caso el juez Casellas, ‘es un contribuyente bonafide y que ha reportado ingresos que justifican la fianza que presentó’.

En esa ocasión, el juez Villafañe le dio la orden al licenciado Guillermo Ramos Luiña, quien entregó los dos cheques de gerente por la totalidad de la fianza impuesta a Pablo Casellas. El magistrado apercibió al licenciado Ramos Luiñas que de no justificarse la procedencia de la fianza, la misma podía ser cancelada.

Los abogados de Casellas esgrimen el argumento de que las Reglas de Procedimiento Criminal ordenan en su Regla 218, la justificación de la procedencia de la fianza cuando la misma es pagada en efectivo. Pero que en este caso, al ser pagada en cheques de gerente, su aplicación no procede.

Los abogados debaten en el recurso la diferencia entre el pago en efectivo y en cheques, asegurando que los últimos son instrumentos negociables, según la Ley de Transacciones Comerciales.