Luego de cuatro posposiciones y de que el testigo principal del caso fuera tiroteado, el convicto cacique político Carlos Cáceres Pizarro renunció hoy a la vista preliminar por posesión de heroína, cocaína, dinero en efectivo y un celular, solicitando un pre acuerdo con la fiscalía.

El proceso contra Cáceres Pizarro pone en evidencia el poder que algunos caudillos políticos tienen desde la cárcel.

Entre las irregularidades en el proceso contra el convicto de quien fuentes alegan tenía contacto directo con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, y el ex secretario del Departamento de Corrección, Carlos Molina, se encuentra que se le diera trato preferencial al mantenerlo en custodia mediana a pesar de habérsele encontrado el material ilegal.

Al turbio proceso se le añade que lasvistas fueran pospuestas en dos ocasiones porque el oficial correccional Carlos Ortoz, quien incautó las 43 envolturas con la droga que guardaba Cáceres en sus pantalones el pasado 22 de may en la cárcel 501 de Bayamón, no asistiera a declarar.

NotiCel luego descubrió que a raíz de su intervención en el caso Ortiz tuvo que radicar una querella por acecho y su auto fue baleado ocho veces el 11 de julio cuando se dirigía testificar al Tribunal de Bayamón.

Hoy en sala, Ortiz dijo haberse ausentado a una de las vistas pues la corte nunca le notificó.

El oficial comentó haber temido por su vida y denunció la falta de acción del Departamento de Corrección por no haberle provisto seguridad, ni haberlo armado, ya que se encuentra desarmado desde diciembre del año pasado.

‘No puedo decir que fue Cáceres o el dueño de la droga quien lo hizo (el tiroteo), pero mis supervisores tenían conocimiento y no hicieron nada al respecto’, dijo Ortiz.

Por su parte, el abogado de Cáceres, José Díaz Soultaire, puso en duda que el tiroteo al oficial hubiera tenido que ver con el caso y dijo no querer especular al respecto.

El 27 de agosto la corte determinará si accede al acuerdo propuesto por la defensa de Cáceres en el que se le añadirían dos años a su sentencia previa por haber asesinado a un sacerdote.