El secretario de Justicia, Guillermo Somoza rechazó el miércoles que la agencia que dirige esté mancillando la reputación del profesor universitario José Molinelli, a quien se le radicaron cargos criminales por supuestas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

‘El Departamento de Justicia no se presta para eso’, dijo Somoza a preguntas de la prensa.

Molinelli y un ex funcionario del Departamento de la Vivienda (DV), fueron acusados el miércoles por violaciones a las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental.

Según Justicia, Molinelli Freytes, fungiendo como director del programa de Ciencias Ambientales de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y profesor a tiempo completo de dicho centro docente, utilizó las instalaciones y propiedad de la UPR para beneficio propio y de su compañía, Geosistemas.

Los delitos que le imputan a Federico Del Monte, se relacionan a la utilización de su puesto como secretario auxiliar del Departamento de la Vivienda (DV) para beneficiar al Académico.

Molinelli Freytes fue contrado por el arquitecto Ángel Cocero Cordero, quien estaba a cargo de rehabilitar las comunidades especiales Buena Vista en Humacao, Las Acerolas en Toa Baja y Playa en Guayanilla. Fue entonces que Del Monte le impuso a Cocero Cordero de manera expresa, la contratación del doctor Molinelli Freytes para realizar dichos trabajos, influenciando así en la contratación.

También se supo que el Catedrático y Cocero Cordero discutieron en la Facultad de Ciencias Naturales de la UPR, los trabajos de fotogrametría a realizarse en las comunidades especiales antes mencionadas.

Por esos delitos María de Lourdes Camareno Dávila, del Centro Judicial, de San Juan, encontró causa para juicio contra Molinelli Freytes, fijándole una fianza global de $1,000.

Igual suerte corrió Monte Garrido, a quien le impusieron una fianza de $500

La vista preliminar, de este caso fue señalada para el 28 de agosto de este año.

Del Monte Garrido y Cocero Cordero ya habían sido acusados por estar vinculados a otro esquema donde se despilfarraron y malversaron $6, 779,713.04 del presupuesto del Programa de Comunidades Especiales.