Una apelación sobre policías de la División de Narcóticos de Mayagüez, que fabricaron decenas de casos a ciudadanos, fue el punto de partida para que el juez federal apelativo, Juan R. Torruella, fustigara a la fiscalía federal por acusar a los policías de narcotráfico, en vez de sólo por violar derechos al fabricar los casos.

El juez, miembro del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, fue más allá, e incluso, apuntaló que la decisión de la fiscalía federal de acusarlos por narcotráfico es una temeridad que va a producir problemas en otros casos.

Torruella tiene una trayectoria de expresiones, judiciales y públicas, en contra de las tácticas de la llamada ‘Guerra contra las Drogas’, que incluyen exhortaciones a que se despenalice el uso personal de la marihuana.

Torruella estuvo de acuerdo con el resto de los miembros del panel apelativo en cuanto a que los policías acusados en 2007 son culpables de conspirar para violar los derechos civiles de los ciudadanos bajo su jurisdicción en Mayagüez, pero no estuvo de acuerdo con que eran culpables de narcotráfico. Su voto a ese respecto fue de minoría, pero fue muy vocal.

En el centro del caso están los exoficiales policíacos Víctor Gerardo Cortés Cabán, Pascual Santiago Méndez, Luis Enrique Ruperto Torres, y Anthony Domínguez Colón.

Cortés y Ruperto fueron dos de los agentes involucrados en la fabricación de un caso contra la joven Tanairí Candelaria, quien cumplió 18 meses de cárcel injustamente. A nivel estatal, los agentes fueron absueltos, pero a nivel federal enfrentan la condena objeto de la apelación.

En esencia, los hechos son que el supervisor Santiago administraba una caja negra de metal en donde se guardaba droga y parafernalia para ‘plantarla’ en distintas escenas y en personas. De esta manera, se conseguían arrestos y convicciones en cumplimiento de una supuesta cuota de productividad impuesta a la división.

‘Expresado sencillamente, (los agentes) descuidaron la honorable integridad de su rol como vigilantes, y las libertades civiles sufrieron un golpe trágico. No podemos expresar una desaprobación o remordimiento más grande que este: estamos indignados y entristecidos de que hoy nos toque asumir el rol de vigilar a los vigilantes’, expresó el panel de jueces al sostener las convicciones.

Pero, en el punto de si plantar droga en una escena para fabricar un caso es lo mismo que ‘distribuir’, un elemento esencial de lo que se considera tráfico de drogas, Torruella reveló que la fiscalía federal consultó con las demás fiscalías federales de todo Estados Unidos sobre si debía acusar a los agentes de narcotráfico. Esa consulta no produjo un consenso claro, ni tampoco pudieron encontrar un precedente, pero comoquiera acusaron.

‘[A]cusar bajo una ley por una conducta para la cual no existe otro precedente puede, en algunas instancias, ser una forma de temeridad que este tribunal no debe avalar. De hecho, esa potencial sobre reacción levanta banderines rojos constitucionales que, me temo, van a rebotar en futuros casos ante este tribunal’, expuso.

‘[S]encillamente no puedo aceptar la posición nóvel del gobierno, y ahora de la mayoría de este tribunal, de que un intento de fabricar un caso y falsificar arrestos es lo mismo que un intento para cometer distribución de narcóticos’, concluyó.

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