Varias organizaciones que representan a los policías condenaron hoy las expresiones que hiciera ayer el superintendente Héctor Pesquera, de que consideraría entablar querellas administrativas contra los agentes que permitieron la entrada del juez federal senior, Salvador Casellas, a la escena del asesinato de su fenecida nuera, Carmen Paredes.

Por un lado, Fernando Soler, vicepresidentedel Concilio Nacional de Policías (CONAPOL), dijo a NotiCel que ‘los agentes que estaban en el lugar no tienen ninguna responsabilidad, porque el fiscal es el que ordena o no ordena la entrada’.

Y añadió ‘yo presumo que como él era juez federal, pues el fiscal lo dejó entrar. Pero yo dudo claramente que los agentes lo dejaran entrar sin previa autorización de nadie’.

Soler sostuvo que de materializarse sanciones administrativas contra los agentes, CONAPOL llevará el caso hasta las últimas consecuencias.

Para Soler, ‘aquí hay que ser claros, este es un juez federal, y todo el mundo allí, que tenían que ver con la situación, se intimidaron, y el juez hizo lo que le dio la gana’.

Sin embargo, rechazó que los agentes se hubieran sentido intimidados con la presencia del juez Casellas en la escena.

‘Lo agentes están bien adiestrados. A los agentes se les dice que nadie puede pasar a una zona, que se pone la línea amarilla, y no puede pasar nadie. Si viene la prensa o venga quién venga, tienen que consultar con el fiscal o con los supervisores que diga que autorizan o no’, aseguró.

‘El señor Superintendente está echando responsabilidades al aire, como uno dice. Siempre quieren culpar al más pequeño, la soga parte por lo más fino’, abundó.

Cuando se le preguntó si las expresiones de Pesquera pueden deberse a presiones políticas para esclarecer el caso, manifestó ‘yo entiendo que sí, porque el pueblo está exigiendo que de todas maneras se acuse a alguien en los asesinatos, no solamente en este. Como estamos en año electoral entendemos que van hacer hasta lo imposible para tranquilizar al pueblo. La justicia, cuando se aplica de una manera rápida y no se aplica como tiene que ser, eso puede terminar en un archivo de un caso….o puede haber consecuencias legales’.

A su juicio, la Policía ni el Departamento de Justicia, se deben dejar influenciar por la presión pública para resolver el caso.

Por su parte, Diego Figueroa, presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), le increpó al Jefe de la Uniformada ‘él vive en Puerto Rico o donde diablos él vive? Él conoce las leyes de este país o no sabe que hay una ley que dice que los fiscales son los que mandan en la escena del crimen y que esa ley no ha sido enmendada por la Legislatura? Qué le pasa a este hombre?’.

Detalló que después del caso del Cerro Maravilla fue que se determinó que los fiscales eran las personas a cargo de una escena criminal. Ante esto cuestionó en qué se fundamenta el Superintendente para encausar a los agentes que participaron de la escena.

Al preguntársele si consideraba desacertadas las expresiones de Pesquera, expresó ‘ese Superintendente no sabe ni donde tiene la nariz. Qué es lo que le pasa a él? Él quiere guerra con nosotros los policías? Yo me preguntó si él quiere guerra con los policías, o él no se ha puesto al día con las leyes que tienen que ver con las situaciones en este país’.

Figueroa no quiso entrar a determinar que las expresiones de Pesquera se deban a presión política.

No obstante, puntualizó que ‘quién pretenda responder a presiones de prensa o de presiones políticas o presión pública para esclarecer un caso, no merece estar en la investigación de un caso, ni participar de ella. Los casos son apolíticos’.

Sobre la posible radicación de medidas administrativas contra los agentes, reiteró que los ‘vamos a defender, vamos a ir hasta el fin del mundo por ellos, porque hay unas directrices que son los fiscales. Aquí que no vengan ahora que es la Policía. Que cojan otro ladito por allá, que se vayan a Miramar tranquilamente y que resuelvan en Miramar, pero que no resuelvan en el Cuartel General ni en los cuarteles’.

Finalmente, Jaime Morales, presidente de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (C.O.P. S.), fue enfático en que el Superintendente debe investigar bien lo ocurrido antes de adjudicar responsabilidades a los agentes.

A su entender, pudo haber mediado una falta de supervisión a los policías en la escena o que el Ministerio Público hubiera dado una directriz para permitir la entrada del juez Casellas, por el respeto que se le tiene y porque la persona asesinada era su nuera, dentro de la casa de su hijo.

‘Entendemos que por la situación del evento y la persona que estaba involucrada, el Superintendente debe de medir antes de adjudicar responsabilidad’, sentenció.

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