El legislador municipal de San Juan, Robert Martínez, anunció el martes que someterá una querella ante el Departamento de Justicia, contra la representante, Carmen Yulín Cruz, por el alegado ?uso ilegal de agua y luz? en su comité de campaña.

La acción se tomó como respuesta ante el segundo referido anunciado por el Partido Popular Democrático (PPD) contra el alcalde de Vega Alta, Isabelo ‘Chabelo’ Molina, a quien sorprendieron con una supuesta una conexión ilegal de energía eléctrica en el barrio Breñas de esa municipalidad.

‘No podemos olvidar cómo el país comprobó el uso ilegal de estos servicios cuando la candidata popular salió corriendo del comité y liquidó el contrato. Sin embargo, es latente, la admisión del arrendador, de que la señora Carmen Cruz había acordado a sabiendas que le pagaría el consumo, en lo que adquiría los permisos y el país espera una acción al respecto. Si se le exige a Rivera Guerra y a Chabelo Molina, se le debe exigir a esta desorganizada candidata’, dijo el asambleísta Martínez en un comunicado.

Revancha del PPD

El candidato a la alcaldía de Vega Alta por el Partido Popular Democrático (PPD), Javier García Cabán, anunció el martes que referirá al alcalde de dicho municipio, Isabelo ‘Chabelo’ Molina al Departamento de Justicia, por violaciones al Código Penal, a la Ley de Ética Gubernamental y a la Ley de Municipios Autónomos.

Esto, a razón de un vídeo que muestra la interferencia de alcalde y un empleado municipal con el contador de su comité político.

El Artículo 3.2 de la Ley de Ética Gubernamental dispone que ‘Ningún funcionario o empleado público utilizará los deberes y facultades de su cargo ni la propiedad o fondos públicos para obtener, directa o indirectamente para él, para algún miembro de su unidad familiar, ni para cualquier otra persona, negocio o entidad, ventajas, beneficios o privilegios que no estén permitidos por ley’.

De igual manera, el Reglamento de Ética Gubernamental, en su Artículo 6 (A) (1), dispone: que ‘ningún funcionario o empleado público utilizará los deberes y facultades de su cargo ni la propiedad o fondos públicos para obtener, directa o indirectamente para él, para algún miembro de su unidad familiar, ni para cualquier otra persona, negocio o entidad, ventajas, beneficios o privilegios que no estén permitidos por ley’.

‘La evidencia que tenemos, en video, y las expresiones del propio Alcalde, comprueban las violaciones a los mencionados cánones legales, y por ende, esperamos una pronta reacción de parte de la Oficina de Ética Gubernamental y el Departamento de Justicia’, sentenció García Cabán.

En días recientes, el alcalde fue captado en video mientras supervisaba los trabajos en su comité en el barrio Breñas. En dicho comité se captó claramente la utilización de un arrimo (le pasaban luz de la casa del dueño del local. El alcalde aceptó que no tenía contador y que su ‘vecino’ es quien paga la luz, no el local que él está utilizando como comité.