Un oficial de la Policía que actuó como encubierto durante dos años para recopilar evidencia que desembocó en el más grande operativo de corrupción policíaca del FBI demandó a la Uniformada tras un patrón de lo que se argumenta son represalias por su trabajo de encubierto.

El oficial Alwin Camacho Morales es uno de al menos tres agentes encubiertos que el FBI reclutó para la Operación Caseta de Guardia (Guard Shack), que fue revelada el 6 de octubre de 2010 en una conferencia de prensa que encabezó desde Washington DC el propio secretario de Justicia federal, Eric Holder.

El operativo resultó en el arresto de un centenar de miembros de la policía, incluyendo estatales, municipales y personal civil.

Pero en una demanda federal sometida la semana pasada, Camacho sostiene que desde el día en que se reveló el operativo ha sido víctima de represalias en la Policía mediante actos que incluyen traslados irrazonables, dejarlo sin escolta, no atender amenazas de muerte dirigidas a él y su familia por los propios agentes arrestados en el operativo, y no atender las cartas del FBI en las que se recomendaba que fuera ascendido.

Camacho, quien actualmente vive en Florida, pide una compensación de $5 millones, e incluyó en la demanda al secretario de Justicia, Guillermo Somoza, y al exsuperintendente José Figueroa Sancha por su inacción ante las represalias. Específicamente sobre Figueroa Sancha, dice que éste tenía conocimiento directo de sus labores como encubierto ya que fue el segundo al mando del FBI mientras se desarrollaba el operativo.

El agente, quien está en la Uniformada desde 1996, relató cómo en 2008 recibió la oferta de participar como encubierto en el operativo de parte de un agente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y del agente del FBI Norman Quilichini. Esto ocurrió en la tienda CompUSA de Guaynabo, donde Camacho trabajaba tiempo parcial.

‘Por los próximos dos años, el demandante virtualmente tenía una doble vida. Trabajaba su turno regular de ocho horas como policía, y su tiempo parcial en CompUSA, y además su trabajo de encubierto, que fácilmente le tomaba otras 8 a 10 horas al día, así como fines de semana’, se asegura en el pliego.

Desde días antes del anuncio, y por siete semanas después, Camacho y su familia estuvieron viviendo en un hotel bajo la protección del FBI. Pero la protección no incluía movimientos en la Policía. Tras el anuncio del operativo, fue trasladado de Bayamón al Colegio de Justicia Criminal en Gurabo. Perdió su trabajo en CompUSA y sólo pudo recobrarlo tras un período de muchas explicaciones.

El FBI tenía confirmadas amenazas de muerte en su contra, pero en la Policía no se le asignó escolta, ni se siguió la recomendación del exjefe del FBI, Luis Fraticelli, de que se le asignara a la división que realiza trabajos conjuntos con el FBI.

En vez, se le ordenó reportarse al Cuartel General, donde ‘en vez de ser reconocido y recibido como un héroe, no obtuvo nada más que insultos y acciones irrespetuosas de parte de sus superiores, los codemandados José Luis Rivera Díaz, Coronel Leovigildo Vázquez, Coronel Reynaldo Bermúdez, Teniente Primero José Rivera Alicea, Teniente Segundo Digno Cartagena, así como de varios oficiales de alto rango’.

La demanda consigna que el 12 de mayo de 2011 otros dos agentes encubiertos que participaron del operativo denunciaron situaciones similares en el programa de Luis Pabón Roca y Carlos Díaz Olivo en WKAQ.

Más recientemente, Camacho renunció a la Uniformada, y luego retiró su renuncia. El retiro fue aceptado por su oficial supervisor, pero en la Oficina de Recursos Humanos rehusan aceptar el retiro, así que lo mantienen como si hubiera renunciado.

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Para el comunicado de prensa del Operativo Caseta de Guardia (en inglés), pulse aquí.