El candidato del MUS a la Cámara de Representantes José Rivera Santana tronó hoy contra la mayoría legislativa del PNP por aprobar ?en la obscuridad de la noche? un nuevo Código Penal que, aseguró, atenta contra los derechos a la libre expresión y a la manifestación pacífica, entre otros, y llamó a toda la ciudadanía a exigirle al Gobernador que no firme ?ese estatuto tiránico?.

El aspirante a legislador del Movimiento Unión Soberanista (MUS) dijo que antes de concluir la noche de la última sesión legislativa se aprobó el Código que convierte en delito las protestas o marchas frente a edificios públicos y ordena una pena fija de tres años de cárcel a quienes ‘perturben, interrumpan o impidan los trabajos de la Asamblea Legislativa o Legislaturas Municipales, o cometan cualquier desorden’.

‘Esta es una declaración de estado de sitio por parte del gobierno del PNP, quienes actúan contrario a todas las recomendaciones que le han hecho organismos gubernamentales y no gubernamentales para que amplíen el marco de respeto a los derechos civiles en Puerto Rico’, dijo el candidato a representante por acumulación.

Rivera Santana llamó a todas las instituciones políticas y de la sociedad civil, ‘por encima de partidismos y diferencias a rechazar con vehemencia esta orden que constituye una agresión más contra las libertades ciudadanas, y un motivo más para indignarse contra una mayoría legislativa arrogante y despótica’.

El Senado aprobó la noche del sábado una larga lista de proyectos y nombramientos confirmados y, cuando algunos legisladores pensaban ya en retirarse a descansar o salir a disfrutar de la noche sabatina de verano, el gobernador Luis Fortuño convocó a una corta sesión extraordinaria para dos proyectos de ley que enmiendan la ley del referéndum y establecen las tres de la tarde como la hora de cierre de los colegios para los próximos comicios.

El domingo se ocultó entre una montaña de medidas aprobadas, nombramientos confirmados y otros trámites, la aprobación de un nuevo Código Penal que endurece las penas y se proyecta como más severo tanto contra las personas que cometen delitos como también contra los ciudadanos que ejercen lo que hasta ahora se consideran sus derechos.