La candidata popular a senadora por acumulación y ex procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Rossana López León, hizo fuertes señalamientos el lunes sobre la situación actual de la Oficina que dirigió por 10 años hasta que el actual Gobierno de Luis Fortuño, la removió de su posición tras aprobar el Plan de Reorganización Número uno de 2011, que consolidó las procuradurías.

En conferencia de prensa desde la sede el Partido Popular Democrático, López León, evaluó la crisis por la cual atraviesa la ahora llamada Oficina del Procurador de las Personas Pensionadas y de la Tercera Edad, en la cual los servicios a la población de edad avanzada han disminuido dramáticamente, mientras los contratos por servicios profesionales han aumentado.

‘Es sorprendente cómo el actual gobierno justificó el Plan de Reorganización de las Procuradurías el pasado año, basándose en los supuestos ahorros a implantarse. Sin embargo, hemos visto todo lo contrario. Por ejemplo, desde el 28 de junio de 2011 ha habido un aumento vertiginoso en los contratos por servicios profesionales en la nueva Oficina, los cuales se han triplicado y hasta han beneficiado a contratistas tales como Edwin Mundo. Desde el momento de mi salida, el aumento ronda en más de 377 mil dólares para un solo año. Una vez más, el gobierno le miente a nuestro País y utiliza sus fondos para dárselos a sus allegados’ expresó López León.

La ex procuradora de las Personas de Edad Avanzada también explicó cómo las prioridades en la agencia han cambiado dramáticamente. Indicó que durante su incumbencia en la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, el objetivo era maximizar los recursos administrativos y se buscaba lograr economías en la parte administrativa, para dirigir los fondos a las entidades que brindan servicios directos a la población de edad avanzada.

Además, mencionó que para lograr la maximización de los recursos, la contratación de servicios profesionales era sumamente limitada y solo se realizaba si era estrictamente necesario.

‘Las mayores metas anuales en la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada era lograr economías en los fondos federales asignados, lo cual fue eliminado por la actual administración. Esta iniciativa, siempre fue reconocida por el Gobierno Federal. Cuando esta práctica se eliminó, se habían logrado economías por más de 350 mil dólares, que estaban listos para ser transferidas a los proveedores de servicio de Personas de Edad Avanzada. No obstante, la prioridad de este gobierno ha sido otra y estas economías fueron utilizadas en contratos innecesarios no solamente para la Oficina sino también para la nueva Oficina de Administración de Procuradurías’, dijo.

Por otra parte, la gerontóloga denunció sobre la disminución en fondos federales para la agencia que dirigió y condenó que la actual Administración no tenga un plan contemplado para atajar la pérdida de cientos de miles de dólares en estos fondos.