Varias organizaciones que trabajan con la población adulta que padece algún tipo de retraso mental reclamaron hoy al gobernador Luis Fortuño que firme la Resolución Conjunta 1311 de la Cámara de Representantes, que permitiría traspasar a la entidad Rosa Lydia Vélez Defensora Pro-Impedidos, Inc. las facilidades del antiguo Hogar Juvenil Guailí, ubicado en el Centro de Tratamiento Social de Guaynabo.

Vélez, una de las propulsoras del histórico pleito de Clase Rosa Lydia Vélez relacionado a un caso de educación especial, explicó a NotiCel que tras muchas gestiones lograron que el representante José Aponte Hernández, en conjunto con otros legisladores, presentaran la medida que ya fue firmada por la presidenta cameral, Jenniffer González, y el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.

La preocupación de las organizaciones es que la Resolución sea engavetada luego de que participaron en dos reuniones en La Fortaleza el pasado marzo y el Primer Mandatario les expresó su compromiso.

Para Vélez el que se logre este traspaso de los terrenos sería clave para poder brindar más servicios a esta población ya sean recreativos, de salud rehabilitativa, vida independiente y apoyo a familiares, pues destacó que existe una necesidad apremiante en el país.

En esa línea Ramona Febo, fundadora de Abriendo Puertas al Futuro, Inc., indicó que ha desarrollado varias propuestas para ofrecer terapia ocupacional a esta población, pero necesitan contar con las facilidades para poder desarrollarlo.

Vélez destacó que un último censo realizado en el 2009 encontró que 28.2 por ciento de las personas con algún tipo de impedimento físico o mental tienen 21 años y en su mayoría no cualifican para los programas de Rehabilitación Vocacional o Vida Independiente, por lo tanto los padres se tienen que hacer cargo y deben en muchos casos dejar sus trabajos.

Sin embargo, Febo, quién es madre de un joven de 28 años con retraso mental, planteó que este es un estimado somero, porque nunca se ha llevado a cabo una estadística para saber de cuánta es realmente la población.

De acuerdo a Vélez, cifras generales de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimento (OPI) establecen que en la Isla hay 1.5 millones de habitantes con algún tipo de discapacidad.

Nelsa Lugo, madre de tres jóvenes que padecen retraso mental, apuntó que el Gobierno ha fallado en cumplir con los acuerdos sostenido desde el 1999 a raíz de un pleito judicial.

Lugo sostuvo que el Gobierno no solo debería pasarle los terrenos a la entidad sino que debería inyectarle fondos, para que puedan atender a esta población.

Vélez mencionó que la meta es que ‘todos los alcaldes en la Isla desarrollen proyectos similares’.

Entretanto hoy fue el Día de Logros en donde jóvenes pudieron compartir con otras personas con condiciones parecidas y recrearse, aunque la lluvia les aguó un poco la fiesta en la piscina.