El Senado aprobó ayer convertir la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones en una nueva Junta Fiscalizadora de Servicios Públicos, que evitaría posibles abusos en la imposición de las tarifas de los servicios básicos. Esta ley igualmente deroga los famosos ajustes por compra de combustible y el ajuste por compra de energía, dos renglones que están sujetos a los mercados y afectan considerablemente las facturas de luz de los abonados.

La pieza legislativa expande las funciones y el número de miembros de la actual Junta de Telecomunicaciones y coloca entre las funciones de la nueva Junta la evaluación y aprobación de las tarifas y cargos que les cobran a los ciudadanos por los servicios básicos de agua y luz.

El Proyecto de la Cámara 2896, crea una entidad independiente, que está alejada de la necesidad corporativa de aumentar sus ingresos, para que revise las tarifas y cargos que las corporaciones públicas pretenden imponer a los consumidores.

A través de la nueva Junta, se pretende evitar que la AEE y la AAA continúen transfiriendo una ineficiencia operacional a sus consumidores porque finalmente estas tienen la facultad de aumentar tarifas y cargos a sus clientes. Con la aprobación de la medida, se les prohíbe a esas dos corporaciones públicas cobrar tarifas, derechos, rentas o cargos variables por servicios de energía, servicios de acueductos o servicios de alcantarillados. De esta manera, se deroga el ajuste por Compra de Energía y el ajuste por Compra de Combustible que la AEE les cobra a sus clientes.

Actualmente, las tarifas y cobros las imponen las Juntas de Directores de la AEE y la AAA, luego de un proceso establecido que incluye la celebración de vistas públicas. Sin embargo, es la Junta de Directores de las mencionadas corporaciones públicas, las que determinan finalmente las tarifas y los aumentos en las mismas, sin ninguna fiscalización independiente.

En el informe de la medida se detalla que el aumento de alrededor de 400% que se impuso en las tarifas por los servicios acueductos y alcantarillados en el año 2006, se debió a la dependencia del Fondo General haciendo que la Autoridad no revisara de tiempo en tiempo sus tarifas para tener los ingresos necesarios para la operación y mantenimiento adecuado de los sistemas de acueductos y alcantarillados.

Este proyecto reconoce además la necesidad inmediata de modificar las leyes habilitadoras de la AEE y AAA para tratar de resolver el problema fundamental que existe de la falta de competencia regulada que promueva y garantice costos de agua y energía más bajos y mejores servicios básicos para todo Puerto Rico.

‘Es necesario que se eliminen, de una vez por todas, el ajuste por Compra de Combustible y el ajuste por Compra de Energía de la estructura tarifaria de la AEE’. De esta forma, la AEE se vería forzada a tomar las medidas necesarias para controlar los costos de energía’, reza el informe de la pieza legislativa.