El licenciado José Abreu, quien defiende a Federico del Monte Garrido, al que se le imputa malversación, negligencia o descuido, con los fondos del Programa de Comunidades Especiales, aseguró que los cargos presentados contra su cliente tienen motivaciones políticas y que el proceso está ‘contaminado’.

A su salida de la sala 605 del Tribunal de San Juan, Abreu dijo a la prensa que ‘este caso viene contaminado desde el principio. Este es un caso que surge por motivaciones políticas únicamente, a los fines de hacerle daño -en este país donde nosotros vivimos en que el ambiente político es exagerado- pues está bien contaminado y es con los fines de tratar de hacerle daño a un partido de oposición. Así que siendo ello, así ustedes no tengan la menor duda de que el señor Federico del Monte es inocente de estos casos y que el señor Federico del Monte a la larga va a demostrar cuando termine el proceso de que el es inocente y así será el resultado’.

A preguntas de los medios de si cuando se refería que el caso estaba contaminado era bajo qué pretensiones del Estado, Abreu reiteró que ‘la motivación de este caso es una motivación política, lo que intenta es hacerle daño al Partido Popular, me imagino, porque se quiere vincular las Comunidades Especiales con el Partido Popular, porque fue el proyecto principal de la ex gobernadora Sila Calderón y esa es la única razón por la cuál estamos en el Tribunal en el día de hoy’.

Sin embargo, describió al juez Enrique Silva a cargo del caso como una persona ‘vertical, que no se va a dejar influenciar por asuntos políticos ni con asuntos de las elecciones’.

‘Yo estoy seguro que este juez va analizar la prueba de una manera objetiva… estamos confiados de que no va haber causa probable’, determinó.

Más temprano en sala, el fiscal Martin Ramos señaló que el Ministerio Público tenía entre 30 a 35 testigos como prueba en el caso y que algunos serían por declaraciones juradas.

El juez Enrique Silva pautó para el 18 y 19 de julio el desfile las estipulaciones entre la Defensa y el Ministerio Público. Y acordó para el 24 de septiembre el inició del desfile de la prueba testifical, y que ese día se les tomaría juramento.

Silva adelantó que el Ministerio Público sentará a testificar a entre 2 a 4 personas.

A preguntas de NotiCel sobre este asunto, Abreu manifestó que ‘dicen ellos que tienen 35 testigos, de los cuáles estamos en conversaciones para estipular la mayoría de ellos porque son testigos que son inconsecuentes, que no tienen nada que decir en contra de Federico del Monte’.

Abreu explicó a este medio digital que durante la vista de hoy se estaban poniendo de acuerdo sobre la manera que iba a fluir el caso, pues expuso que son cientos de documentos.

Al este medio cuestionarle sobre el estado anímico de su cliente, este expresó que ‘se siente mal porque nadie que este siendo hostigado y perseguido por el Estado se puede sentir bien. Mi cliente es un ex secretario auxiliar de Planificación del Departamento de la Vivienda que el Estado ha cogido de chivo expiatorio para radicarle casos y decir que las Comunidades Especiales hubo delito, cuando se demostrará eventualmente que aquí no se ha cometido delito alguno’.

‘Imagínense que si el caso del Estado es un caso débil, que a mi cliente el Estado no sabe todavía como acusarlo, y lo ha acusado con delitos que son contradictorios entre sí, que son mutuamente excluyente. Se le está acusando de un delito de negligencia y de un delito intencional por los mismos hechos. Es decir se está diciendo que una misma factura se pagó intencionalmente para beneficiar indebidamente a un tercero y a la misma vez se está diciendo que se pagó por descuido’, planteó.

Entretanto, el licenciado Luis Camacho es el abogado de Defensa de Edwin Rodríguez Díaz, imputado de haber vendido una taquilla violentando la Ley de Ética Gubernamental.

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