La juez Eloína Torres, del Centro Judicial de San Juan, encontró en causa para arresto en alzada contra Federico Del Monte Garrido, ex secretario auxiliar planificación del Departamento de la Vivienda (DV), por cargos a la Ley de Ética, relacionados a un fraude de más de 6.8 millones de dólares al Programa de Comunidades Especiales.

Así lo informó el lunes la fiscal, Maricarmen Rodríguez Barea, directora de las divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor.

Según Rodríguez Barea, contra el imputado la juez encontró causa en 26 denuncias por violación al Artículo 3.2 de la Ley de Ética Gubernamental. Estos cargos que se presentaron el lunes, se relacionan al esquema de malversación de 700 mil dólares de fondos públicos (Artículo 216 k del Código Penal de 1974), donde se descubrió que el imputado autorizó el pago de facturas sometidas por el contratista Ángel Cócero Cordero por servicios en las comunidades especiales donde fue contratado, pero que no prestó.

Del Monte Garrido y Cócero Cordero, ya fueron acusados el mes pasado en relación a este fraude que se fraguó desde el 2003 y que se prolongó hasta el 2005.

La pesquisa arrojó, que el acusado le encomendó a Cócero Cordero la planificación e implantación del programa de Comunidades Especiales, para que hiciera los planos de mejoras de viviendas, planos de nuevas viviendas y supervisara los proyectos de 14 comunidades especiales, a saber: Las Acerolas, en Toa Alta; Cangrejo y Buena Vista, en Humacao; San Francisco, García, Nieves y Matías en Aguada; Jacaboa en Patillas; El Burén en Sabana Grande; Melitón y Amparo en Barranquitas; los sectores Playita, Playa y Magas en Guayanilla y Media Cuerda en Isabela.

La vista preliminar de los cargos a la Ley de Ética y los relacionados al fraude, fueron consolidados para la fecha del 2 de agosto.

La investigación realizada por el fiscal de distrito de Ponce, Francisco Sánchez Rodríguez y los fiscales Iris Martínez Juarbe, Carlos Rivera Santiago y Martín Ramos Junquera, también reveló que Del Monte no sólo participó en el esquema ilegal de diseños y pagos por servicios no prestados, sino que utilizó los deberes y facultades de su cargo en el DV para vender boletos de actividades políticas del PPD en la propia agencia durante horas laborables y utilizando los recursos de la Agencia.

En esta investigación colaboraron también, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, funcionarios del la Oficina de la Contralor, del Programa de Comunidades Especiales y del DV.

Estos crímenes fueron detectados por los fiscales del DJ, como parte de la pesquisa que realizan las divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del DJ en torno a las operaciones del Programa de Comunidades Especiales.