Después de que cuatro alguaciles se encadenaran a los portones del Tribunal Supremo pidiendo aumentos salariales, una funcionaria de la Rama Judicial expresó su desacuerdo con el presupuesto asignado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para sus operaciones del año fiscal 2012-2013.

De acuerdo con la directora de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Sonia Ivette Vélez Colón, el presupuesto asignado es menor a la cantidad que le corresponde por $7,187 millones, lo que es contrario a la fórmula presupuestaria de la Rama Judicial establecida por legislación hace 10 años.

‘La asignación que se ha consignado en este presupuesto, por virtud de la fórmula presupuestaria de la Rama Judicial, ha sido subestimada. Es imprescindible que se nos honre la asignación de estos fondos porque están comprometidos, entre otras cosas, para la implantación de la segunda fase de nuestro Plan de Clasificación y Retribución, un asunto que reviste gran importancia para nosotros’, manifestó la exjueza en las vistas de presupuestos de la Comisión de Hacienda del Senado.

Vélez Colón explicó que la cantidad que debe estar consignada en este presupuesto consolidado asciende a $358.6 millones, de los cuales $349.9 millones corresponden a las asignaciones por la fórmula y $3.1 millones a la asignación especial de la Ley 59 de 2007, según enmendada. Esa Ley se aprobó para reconocer a la Rama Judicial $12.3 millones que no se asignaron ese año al no inlcuir en el cómputo de la fórmula de presupuesto de la Rama los ingresos generados por el Impuesto de Ventas y Uso (IVU).

La funcionaria dijo que otros $5.5 millones completan el presupuesto consolidado y corresponden a ingresos de fondos especiales federales y estatales. El presupuesto recomendado por fórmula por OGP es de $342.7 millones, igual al presupuesto actual.

Vélez Colón aseguró que la Rama Judicial reconoce la difícil situación económica del país y por ello ha estado disponible para el diálogo y a llegar a acuerdos razonables cuando en años anteriores se ha impactado la asignación que le corresponde por fórmula.

No obstante, se reiteró en que la Rama Judicial no puede aceptar que se afecte su fórmula porque ‘sería actuar contrario a la ley y derrotaría un principio importante para nuestro sistema’.

Recordó que reiteradamente al formular el presupuesto se entra en una serie de interpretaciones de la fórmula presupuestaria que tienen como resultado alterar su aplicación normal y poner en entredicho la estabilidad que se perseguía.

Además del reclamo por lo que corresponde según la fórmula, la funcionaria hizo unas solicitudes adicionales a la Legislatura, específicamente para concluir la implantación del Plan de Clasificación y Retribución del personal de la Judicatura y para completar las mejoras a la sede del Tribunal Supremo.

Sobre el Plan de Clasificación y Retribución explicó que ya se adelantó la primera etapa de la parte retributiva, otorgando $200 mensuales a cada empleado a un costo aproximado de $15.5 millones anuales.

‘Mantenemos una reserva de otros $5.0 millones para completar su implantación que, junto a los $7.0 millones que nos corresponde recibir por fórmula presupuestaria para el año próximo, posibilitarían completar ese proceso’, aseguró.

Además, indicó que para poder conceder el aumento por antigüedad que reclaman los funcionarios de la Judicatura necesitan que la Legislatura haga una asignación adicional. ‘Es nuestro interés que se pueda conceder el mismo, por lo que presentamos a esta Comisión esa solicitud, que representaría $5.0 millones’, reveló la Directora de la OAT.

‘De otra parte, presentamos otra solicitud para que se asignen $5.4 millones al Tribunal Supremo para poder realizar mejoras y ampliaciones a sus facilidades físicas, de manera que los últimos dos jueces asociados adicionales que fueron nombrados puedan tener espacios de trabajo adecuados para ellos y su personal, dentro del edificio principal ya que actualmente ocupan espacios en el edificio anexo a la sede principal del Tribunal Supremo’, expuso la funcionaria judicial.

El gobierno de Luis Fortuño añdió dos jueces (de 7 a 9) al máximo foro judicial para agenciarse una súper mayoría.