La senadora por el distrito de San Juan, Liza Fernández, se presentará el martes en la tarde para prestar declaración en una demanda por daños y perjuicios presentada en su contra por Milagros Dávila Santana, empleada del Centro Más Salud de Puerto Nuevo, San Juan.

De acuerdo con el documento de la demanda presentada por Dávila Santana, a la senadora se le imputa haber realizado ‘expresiones difamatorias’ en contra de la demandante y su esposo durante una entrevista radial transmitida en octubre de 2008.

En ese entonces Fernández habría dicho que ‘… ellos pretendían que por haber ayudado a nuestro alcalde en la campaña primarista para su primera elección allá para el año 2000, que el alcalde tuviese una trato preferencial con ella y que el alcalde violentara los reglamentos internos del municipio…’, según se transcribe en la demanda.

Tanto Dávila Santana, como su esposo Rubén García Ortiz, teniente retirado de la Policía, habían sido miembros de las avanzadas políticas de Santini desde que éste era candidato a senador por el distrito de San Juan.

En la relación de hechos la demandante señala que las expresiones de Fernández ‘fueron dirigidas a manchar la reputación e integridad de los demandantes’.

Los comentarios hechos por Fernández fueron en referencia a la demanda por hostigamiento en contra del alcalde de San Juan, Jorge Santini, presentada por Dávila Santana en 2008 y aun pendiente de resolución.

En la demanda contra Santini se reclaman daños por un millón de dólares por concepto de hostigamiento y persecución a raíz de que hiciera denuncias de irregularidades en la asistencia y el cobro de salarios de varios empleados del Centro Más Salud de Puerto Nuevo.

Los hechos en esta primera demanda se remontan a febrero de 2004, fecha en que Dávila Santana asegura percatarse de que varios empleados del Centro ‘faltaban a su trabajo y firmaban como que habían comparecido, o llegaban tarde y firmaban como que trabajaron las horas requeridas en su puesto de trabajo’. En ese entonces, Dávila Santana se desempeñaba como Oficial Administrativo I, a cargo de mantener el registro de asistencia.

A pesar de notificar en varias ocasiones a sus supervisores y al propio Santini de las irregularidades detectadas, Dávila Santana asegura que no se tomaron acciones correctivas o sanciones.

No obstante, ‘a partir de ese momento empezó una campaña de persecución contra la Sra. Dávila por parte de varios funcionarios del Centro de Puerto Nuevo y del Departamento de Salud de la Capital’.

Es en éste contexto en el que aparentemente ocurren las declaraciones de Fernández, quien entonces era representante por el distrito Representativo número 4 de San Juan.

El retraso en el curso de la demanda, presentada en octubre de 2009, se ha debido a las dificultades que debió enfrentar la representación legal de la demandante para emplazar a Fernández ‘se escondía’ o ‘no le permitía acceso’ a los emplazadores. No es sino hasta junio de 2010 –ocho meses después de presentada la demanda – que Fernández es emplazada por un alguacil.

La deposición para la que está citada Fernández el martes ocurrirá luego de un largo intercambio de mociones entre las partes en el que se ha cuestionado o reafirmado, dependiendo de la parte, la validez del proceso de emplazamiento.

En la demanda en contra de Fernández, Dávila Santana alega que las expresiones de la demandada fueron hechas ‘sin base, sin evidencia, de forma irresponsable y negligente’.