La presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres, destacó hoy la dramática reducción en pérdidas económicas por el hurto de cables telefónicos, que atribuyó a la labor del Comité Interagencial y Multisectorial para el Hurto de Cobre y Metales.

Torres confirmó a NotiCel que en el 2011 se logró una reducción de $10 millones a $2 millones en las pérdidas referidas a cables telefónicos.

‘La misión del Comité Interagencial y Multisectorial para el Hurto de Cobre y Metales es aunar esfuerzos entre las agencias gubernamentales, municipales y la empresa privada para atacar el hurto de cobre u otros metales, los cuales causan pérdidas millonarias y atentan contra la vida y seguridad de los ciudadanos; además de atentar contra la Seguridad Nacional de la Infraestructura de Puerto Rico’, explicó Torres.

Este Comité, organizado en el 2010 para combatir las pérdidas calculadas en cien millones de dólares anuales por el hurto de cobre y metales incluyendo al sistema de energía eléctrica y a acueductos, está compuesto por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, la Oficina del Inspector General de Permisos, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Comisión de Servicio Público, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Asuntos del Consumidor, la Junta de Calidad Ambiental y CLARO, entre otros.

La Titular de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones expuso que ‘entre el 2010 y 2011 hemos cerrado 108 centros de acopio por falta de permisos de las agencias que tienen inherencia en las leyes que regulan estos centros’.

La última intervención realizada por este Comité se llevo a cabo en las Parcelas Hill Brothers Norte en Río Piedras, donde se arrestaron dos dueños de centros de acopio en esa área por violaciones a la Ley 41 del 3 de junio de 1982, según enmendada por la Ley 53 del 8 de marzo de 2012, por operar sin permisos y tener balanzas sin ser inspeccionadas.

‘Además, se han arrestado 66 personas, 138 han sido denunciados y se han sometido 104 casos bajo la Ley 53. Estamos siendo bien efectivos en combatir esta actividad delictiva que, al final del día, nos afecta a todos’, detalló la Presidenta de la JRT.

La Ley 53 según enmendada el 8 de marzo de 2012 establece medidas restrictivas mucho más severas al mercado de compraventa de cobre y otros metales en Puerto Rico. Impone penas más altas a los centros de acopio por la compra de metales hurtados y a estos se les reguló el horario de operaciones; permitiendo así que la Policía pueda inspeccionarlos en horarios diurnos y así detectar posibles actos ilegales.

‘Entre otras cosas, la Ley dispone que cada centro debe llevar un registro detallado de las personas que venden los materiales y el pago por el producto deberá realizarse mediante cheque. En el caso de los transportistas, estos deberán registrarse con la Policía de Puerto Rico como trabajadores bona fide y los vehículos o piezas de vehículos que sean llevados a estos centros deberán tener una certificación del Departamento de Transportación y Obras Publicas de que el vehículo fue dado de baja’, puntualizó Torres.

El pasado 18 de mayo, el Comité fue invitado por el aqlcalde de Camuy, Edwin García Feliciano, para adiestrar a los miembros de la Policía Municipal y de los municipios aledaños sobre la nueva Ley 53.

‘Al día de hoy, ya hemos adiestrado a cerca de 2,000 agentes de la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal en la Academia de la Policía en Gurabo y en el Municipio de Ponce. Además, incluimos un adiestramiento para personal de la PRTC/Claro’, sostuvo.

En la medida que el Comité Interagencial y Multisectorial para el Hurto de Cobre y Metales ha sido efectivo en sus intervenciones, otras tendencias han surgido, las cuales han sido identificadas durante los pasado meses. ‘Siempre surgen nuevas tendencias de hurto, como el hurto de tapas de alcantarillado o el hurto de floreros y tarjetas de bronce en los cementerios, por tal razón estamos siendo bien proactivos en detectar estas tendencias para atacarlas de manera rápidamente’, enfatizó.

Por tal razón, durante los meses de junio a septiembre el Comité Interagencial estará extendiendo sus adiestramientos a los fiscales y jueces para que, de esta manera, se pueda ser aún más efectivo en combatir el hurto de metales en Puerto Rico.

‘Estamos comprometidos con incrementar en un 20% las inspecciones para superar las realizadas en el 2011 y poder salvaguardar la seguridad ciudadana, mediante el arresto de estos delincuentes’, concluyó Torres.