Los candidatos al Senado y Cámara por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, llegaron hoy hasta el Centro Judicial de San Juan para presentar un pleito de la colectividad contra el referéndum para que el pueblo decida sobre la eliminación del derecho a la fianza.

Los aspirantes sometieron una demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Comisión Estatal de Elecciones y su presidente, Héctor Conty Pérez, en la que solicitan al Tribunal declarar inconstitucional de todas las leyes y resoluciones concurrentes que activan el referéndum pautado para el 19 de agosto.

Asimismo, se solicitan órdenes de interdicto para que la CEE se abstenga de imprimir las papeletas y llevar a cabo las gestiones de educación y propaganda sobre el plebiscito y que se detenga cualquier actividad con relación a esta consulta, que también incluye la propuesta de reducir la cantidad de legisladores que integran la Asamblea Legislativa.

Ambos aspirantes coincidieron en que la propuesta contiene un sinnúmero de errores en derecho y que se trata de una intención del Partido Nuevo Progresista (PNP) de engañar al país y afianzar su poder en la legislatura.

Una de las alegaciones de los independentistas es que la Resolución del Cámara 35 fue aprobada con votos insuficientes, ya que solo 20 senadores, el 64.52% de los miembros que componen el cuerpo, la apoyaron. Además, el referéndum incluye 10 asuntos, lo que excede el número de asuntos permitidos en una consulta de enmienda constitucional.

La Constitución solo permite que se consulten tres asuntos, según se resolvió en 1994 en el caso Berríos v. Rosselló.

Además de los asuntos jurídicos, ‘hay envuelto un elemento político’, según expresó Santiago.

‘A lo que aspira esta consulta para disminuir el número de legisladores no es mejorar la calidad de Cámara y Senado, no es a ahorrarle recursos al pueblo de Puerto Rico, sino reducir la ya limitadísima representatividad del sistema legislativo en Puerto Rico y, sobre todo, impedir la entrada de un tercer partido a la Asamblea Legislativa’.

De acuerdo con Santiago, ‘con el esquema propuesto por el Partido Nuevo Progresista en esta consulta, se necesitaría por lo menos un cuarto de millón de votos para que un partido, como el PIP, pueda elegir un senador o senadora o un representante a Cámara. Esto, naturalmente, lo que persigue es cimentar, que es ya la vocación absolutista de ese partido dentro de las cámaras legislativas’.

El aspirante a representante del PIP, Denis Márquez, explicó que en la demanda también se impugna el contenido de la papeleta, pues ‘engañosamente, incluye cuatro de los nueve cambios propuestos, planteando a los votantes información incompleta, confusa y falsa’.

Señaló también que ‘ya el País habló cuando en el 2005 votó abrumadoramente por la unicameralidad’. ‘En aquel momento, el PNP optó por desoír al país, porque no le convenía un sistema más justo y representativo’.

El recurso fue asignado a la sala 905 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ante la consideración de la jueza Georgina Candal.

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