Los acusados de corrupción gubernamental alargan su estancia en la libre comunidad gracias a la contratación de abogados de renombre y la flexibilidad del sistema judicial local que accede a las posposiciones de casos con una facilidad que hiere la retina.

La vista preliminar contra tres implicados en un presunto esquema de fraude y malversación de fondos públicos por $6.8 millones al programa de Comunidades Especiales se pospuso hoy hasta que se vea otra audiencia en alzada de causa para arresto contra el exsecretario auxiliar del Departamento de la Vivienda, Federico del Monte Garrido, que se verá el 4 de junio.

Del Monte Garrido, contra quien ya se determinó causa para arresto por 28 cargos de malversación de fondos públicos y una infracción a la Ley de Ética Gubernamental, encara una vista en alzada de causa para arresto por otros 28 cargos del referido estatuto por utilizar su puesto para beneficiar a terceros.

‘No se va a ver hoy (la vista preliminar) porque hay que esperar por la determinación de la vista del 4 de junio, pero la prueba ya fue sometida por múltiples declaraciones juradas y múltiples documentos’, dijo a NotiCel uno de los fiscales del caso, Francisco Sánchez Rodríguez.

Los acusados son representados por los licenciados José Andreu Fuentes y Luis F. Camacho.

Del Monte Garrido está acusado junto a su otrora ayudante, Edwin Rodríguez, y el contratista Ángel Cocero.

Los cargos en los que se encontró causa para arresto son por malversación de $700,000 fondos públicos mediante un esquema en el que el imputado autorizó el pago de facturas sometidas por Cocero por servicios en las comunidades especiales donde fue contratado que no fueron prestados.

Cocero enfrenta 19 cargos de apropiación ilegal y 11 cargos de fraude, mientras Rodríguez fue imputado de una infracción a la Ley de Ética Gubernamental.

De acuerdo con la fiscalía, el fraude total ascendió a $6.8 millones.

Los hechos en cuestión y el esquema imputado por el Estado tanto a Del Monte Garrido como al contratista Cocero ocurrieron entre el 2003 y el 2005, periodo en el cuál el entonces funcionario de Vivienda encomendó al segundo la planificación, realización de planos, implantación y supervisión de proyectos en 14 comunidades especiales. Al contratista, quien fue llevado ante la juez la semana pasada y se encuentra libre bajo fianza, se le imputan 30 cargos por entregar planos fraudulentos que no se ajustaban a la realidad existente en las comunidades, cobrar por servicios de supervisión que nunca prestó o que no supervisó conforme a lo pactado, y cobrar por participar en subastas de construcción de nuevas unidades de vivienda que nunca se llevaron a cabo.

Además de pagar por servicios no prestados, en una vista anterior, a Del Monte Garrido se le encontró causa por utilizar los deberes y facultades de su cargo público para vender boletos de actividades políticas del Partido Popular Democrático en Vivienda durante horas laborables y utilizando los recursos de la agencia.

Éste vendía las taquillas a Cocero personalmente y por conducto de su ayudante y Coordinador del PPD en Vivienda, Edwin Rodríguez, sostiene el ministerio público que está representado, además, por los fiscales de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y de Asuntos del Contralor: Martín Ramos, Iris Martínez y Carlos Rivera.