Con la intención de atajar la actividad de crímenes violentos, el Negociado Federal de Investigaciones y la Policía de Puerto Rico se unieron para lanzar la iniciativa ‘Salvemos Nuestras Calles’ en coordinación con la Fiscalía Federal.

Según explicaron los funcionarios de las respectivas agencias, el proyecto persigue ser más agresivo con los casos de ‘carjacking’ que no se han esclarecido y los que surjan.

Particularmente, ampliando la jurisdicción federal asumiendo responsabilidad en los casos que no necesariamente involucren un asesinato o un herido.

‘El objetivo de esta iniciativa es atrapar y enjuiciar a individuos responsables de los delitos de ‘carjacking», sostuvo el director del FBI en Puerto Rico, Joseph Campbell.

Campbell apuntó a que un resultado importante de la iniciativa en la que 15 agentes de la Policía local fueron nombrados como oficiales federales, es que con la recopilación de datos se espera un avance en las investigaciones estatales y federales, como en la de de organizaciones criminales.

Y es que, según explicó la fiscal federal local, Rosa Emilia Rodríguez, la tendencia es que ‘estas personas que hacen los ‘carjackings’ también cometen otros delitos violentos. Y creemos que eso va hacer un impacto’.

Por su parte, el Superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, resaltó la importancia de trabajar en conjunto con las autoridades federales.

‘Como hemos dicho desde el principio, estas son las iniciativas que van a producir los resultados; el trabajo conjunto entre las agencias federales y locales, al final del día es lo que va a producir una reducción y una eliminación de estos criminales que tanto daño nos están haciendo’, manifestó.

‘Salvemos Nuestras Calles’ comenzó desde el 1 de mayo y los dos primeros casos que se están atendiendo son los más recientes incidentes que ocurrieron durante el pasado fin de semana.

El FBI asignó, además, Agentes Especiales y Analistas de Inteligencia federal de forma temporera para trabajar exclusivamente en la iniciativa.

Los delitos de ‘carjacking’ conllevan penas de no menos de 20 años hasta pena de muerte, dependiendo del caso.